Las aplicaciones digitales móviles, conocidas como apps, son parte esencial de la vida cotidiana. Su instalación en un dispositivo móvil es sencilla y su funcionalidad también lo es. Su operación es intuitiva, predecible y no requiere un manual de usuario, ni instructivo fuera de la pantalla para su comprensión; quien las usa tiene garantizado el logro del objetivo para el que fue diseñada: Facilitar la realización de una tarea específica y simplificarla: comunicación, compras, entretenimiento, trámites, entre otras.
En México, la prestación de servicios públicos por parte de autoridades gubernamentales poco a poco ha ido transitando hacia los servicios digitales, la simplificación administrativa y la mejora regulatoria. El uso de aplicativos como los descritos y la apertura hacia el gobierno digital no tiene más de una década que comenzó a desarrollarse y, desde luego, ha enfrentado toda clase de dificultades y resistencias para su implementación.
El primer obstáculo es la escasa asignación de recursos presupuestales para el equipamiento tecnológico y la poca disponibilidad de recursos humanos especializados para instalar y operar infraestructura y proveerla a sus usuarios internos. El otro gran impedimento es la brecha digital, es decir la desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación por parte de los servidores públicos y los ciudadanos.
Un aspecto que no ha sido muy difundido pero que cada vez es más evidente es la operación diaria de los servicios públicos, no en la atención directa al ciudadano en ventanilla, sino en el logro de sus objetivos institucionales, tácticos y estratégicos de su ámbito de competencia, establecidos en las políticas públicas de bienestar, seguridad, protección, salud, alimentación y gobernabilidad.
¿Por qué, si cada inicio de periodo gubernamental (trienal o sexenal) se dotan de más patrullas, más policías, más vehículos para la recolección de residuos sólidos y contenedores, las ciudades se siguen percibiendo igual de inseguras y sucias? ¿Por qué, si existen lugares plenamente identificados en donde se presentan inundaciones y accidentes, año con año, en los mismos horarios, bajo las mismas circunstancias y consecuencias, estos no son intervenidos adecuadamente para evitar su repetición? ¿Por qué, si la diabetes, hipertensión arterial y obesidad son las principales enfermedades desde hace 20 años, México permanece en el Top Five de los países que más consumen bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en el mundo?
Los datos, la información y el conocimiento están ahí. ¿Por qué no se ocupan, se analizan y se estructuran de forma sistemática y automatizada, más allá de los trámites burocráticos, para el cumplimiento de las metas de gobierno establecidas en las leyes, normas y ordenamientos? Digitalizar la CURP, el acta de nacimiento, el pago del impuesto predial, entre otros servicios públicos es magnífico y pertinente, pero hay responsabilidades de gobierno que no se están atendiendo a pesar de que los datos están ahí, disponibles.
Sin embargo, cuando los datos que se transparentan digitalizan y sistematizan, indican que cierta problemática social o económica es atribuible a cierta concatenación de factores y circunstancias cuya atención involucra a una entidad específica, sector, persona física o moral que está incurriendo en un incumplimiento legal o normativo la agilidad y eficacia gubernamental se pasma, según la relevancia o notoriedad del ente sometido al escrutinio de los datos.
La tecnología y la disponibilidad de datos en línea permite a cualquier ciudadano, con tres clics en un buscador de internet, saber con rapidez los índices de mortalidad en México y sus principales causas; las empresas más contaminantes en un municipio, las poblaciones más inseguras, en dónde se roban más autos y las zonas de mayor riesgo sísmico y de inundación; en dónde hay más pobreza, desigualdad y emergencias; los índices de impunidad y corrupción; los deudores del fisco, etc.
¿Qué pasa entonces con la operación gubernamental, la procuración de justicia y la prevención del delito? ¿No se tienen datos para evitar emergencias y desastres? ¿No se ve en las calles la problemática de la obesidad? ¿No tienen acceso a internet, necesitan una aplicación móvil o será que ellos tienen otros datos? ¡Feliz fin de semana!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre