- La rigidez en la suspensión provisional podría impedir que muchas empresas sigan operando mientras se resuelve el juicio.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) levantó una voz de alarma contundente tras la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado, calificándola como un "grave retroceso" para el sistema de justicia en México. A pesar de reconocer ajustes menores, la cúpula empresarial sostiene que la reforma mantiene disposiciones que limitan derechos fundamentales y, lo más preocupante, "ponen en riesgo la certeza jurídica" con efectos directos en la inversión y la generación de empleo en el país.
COPARMEX recuerda que el juicio de amparo ha sido históricamente la defensa de pequeños negocios y empresas frente a abusos de autoridad, un instrumento que hizo de México un referente mundial. Hoy, advierten que el espíritu de la reforma es de restricción, no de fortalecimiento.
¿La reforma debilita la protección frente a abusos de autoridad?
La COPARMEX señala que sí, especialmente al limitar la figura del interés legítimo colectivo. Aunque se incorporó este concepto, la patronal lo considera "limitado" y teme que deje sin representación efectiva a comunidades, organizaciones y empresas que tradicionalmente han usado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública.
En un ejemplo claro, la organización explica la afectación a ciudadanos y negocios que busquen detener una norma inconstitucional antes de que les cause un daño irreparable:
"Un ciudadano o un negocio que busque detener una norma inconstitucional antes de que le cause un daño irreparable, ya no podrá hacerlo si no demuestra ese interés inmediato".
Además, se observan rigideces en la suspensión del acto reclamado, la salvaguarda inmediata del amparo, que la debilitan.
¿Podría la nueva ley forzar el cierre de empresas?
Las restricciones impuestas en casos críticos, como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, son un punto clave. La rigidez en la suspensión provisional podría impedir que muchas empresas sigan operando mientras se resuelve el juicio, lo que puede traducirse directamente en cierres de negocios y pérdida de empleos.
Otro punto que genera desventaja es la limitación en la forma de garantizar créditos dentro del proceso. La reforma exige solo depósitos en efectivo o cartas de crédito, excluyendo la posibilidad de usar inmuebles o negocios en marcha.
"Esto genera un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas".
¿Qué efecto tendrá la retroactividad de la ley y la "cláusula abierta" para incumplir sentencias?
Dos puntos críticos para la seguridad jurídica son la cláusula de "imposibilidad" y la retroactividad reincorporada.
- COPARMEX reconoce que ahora hay sanciones a autoridades que incumplan sentencias, pero advierte que la cláusula de "imposibilidad jurídica o material" es demasiado abierta y ambigua:
"Bastará alegar falta de presupuesto o de recursos para incumplir una resolución, debilitando el papel del amparo como garante efectivo de los derechos".
- La reincorporación de un artículo transitorio para aplicar la reforma de forma retroactiva es calificada como "grave" por la patronal, pues impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó este carácter.
"Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos", aseveró COPARMEX.
La Confederación ha hecho un llamado urgente a los legisladores en la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de la reforma y escuchen a la sociedad civil, la academia y el sector productivo antes de su aprobación final.