- Cámaras empresariales advierten que están en riesgo más de 15 mil empleos.
- La medida viola principios constitucionales de proporcionalidad y legalidad
Por: Jimena Guzmán
Foto: Mireya Álvarez
Joyeros del centro histórico de Toluca, respaldados por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Valle de Toluca, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE) y Coparmex, denunciaron que la Secretaría de Finanzas estatal los está equiparando con casas de empeño y comercializadoras de metales, aplicándoles requisitos y permisos que no les corresponden.
Además de un cobro de 30 mil pesos anuales por establecimiento y un perito evaluador de 5 mil pesos adicionales.
José Antonio Martínez García, representante de la Unión de Joyeros del Centro Histórico, lanzó un llamado directo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
“Hoy estamos aquí para lanzar un grito de auxilio. Somos comerciantes al menudeo que vendemos oro y plata, nuestros giros llevan sustento a nuestras familias y forman parte de una cadena comercial que da sustento a muchas otras", señaló.

Describió que desde el año pasado personal de la Secretaría de Finanzas acude a sus locales a solicitar información sobre sus proveedores, inventarios y mercancía, sin contar con un padrón previo del sector.
“Este fin de semana vinieron con un módulo afuera del centro joyero haciéndose pasar por personas amigables, para luego ir local por local preguntando lo mismo", relató.
El representante de la CANACO, Fernando Reyes Muñoz informó que los artículos 126, 128 y 62 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, en los que la Secretaría de Finanzas fundamenta sus actos, hacen referencia expresa a casas de empeño y comercializadoras que compran y revenden bienes usados o empeñados, no a joyerías formales que venden al menudeo.
“Es evidente que la autoridad pretende equiparar legal y administrativamente a una joyería con una comercializadora mayorista, situación que viola los principios de proporcionalidad, razonabilidad y seguridad jurídica", afirmó.
Anunció que la Cámara realizará un estudio jurídico para respaldar al sector y exigió que las joyerías sean reclasificadas correctamente como unidades económicas de bajo impacto.
Roberto Rodríguez, del CCE, advirtió que en el estado operan alrededor de 2 mil 500 joyerías al menudeo que generan más de 15 mil empleos directos.
Señaló que la medida tiene un claro enfoque recaudatorio y contraviene el discurso del gobierno estatal de ser facilitador de la inversión, recordando que el Estado de México ocupa la posición 23 en el ranking nacional de competitividad.
Los empresarios aclararon que no se oponen a la regulación ni a la fiscalización del comercio, sino a la aplicación desproporcional de una ley que no fue diseñada para su giro.
Piden certeza jurídica, criterios claros y que no se les siga equiparando con giros de alto riesgo que nada tienen que ver con una joyería formal.