- Estas iniciativas buscan eliminar un obstáculo silencioso pero significativo en el desarrollo educativo y profesional de las mujeres.
En un esfuerzo por combatir la desigualdad de género y garantizar el derecho a la educación y al trabajo en condiciones dignas, diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), Rocío Alexia Dávila Sánchez y Krishna Karina Romero Velázquez, han presentado iniciativas que buscan conceder licencias o permisos justificados por dismenorrea (dolores menstruales incapacitantes) a niñas estudiantes y mujeres trabajadoras en México.
La propuesta surge ante la preocupante realidad de que los dolores menstruales obligan a muchas niñas, especialmente en zonas marginadas, a faltar a la escuela, y generan serias dificultades en el desempeño laboral y cotidiano de miles de mujeres. Estas iniciativas buscan eliminar un obstáculo silencioso pero significativo en el desarrollo educativo y profesional de las mujeres.

¿Cómo se busca garantizar el derecho a la educación de las niñas con dismenorrea?
La iniciativa presentada por la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez, y respaldada por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, propone reformar la Ley de Educación para que las niñas que sufren dismenorrea puedan justificar sus inasistencias por motivos de salud menstrual. El objetivo es que las ausencias derivadas de síntomas incapacitantes sean validadas sin afectar su desempeño académico ni generar sanciones disciplinarias. Además, se contempla que:
- En caso de que la inasistencia coincida con actividades de evaluación u obligaciones escolares, las menores tendrán derecho a solicitar su reprogramación conforme a los lineamientos de la autoridad educativa estatal.
Según la congresista Dávila Sánchez, esta medida no crea privilegios, sino que "elimina desigualdades y busca asegurar la equidad de género". Como lo expresó en sesión deliberante:
"Se trata de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, conforme a lo establecido en el artículo tercero constitucional, que reconoce la educación como un derecho para todas y todos; y en el artículo primero, que prohíbe toda forma de discriminación, incluida aquella derivada del género o de condiciones de salud."
¿Qué beneficios se plantean para las mujeres trabajadoras que sufren dismenorrea?
La propuesta de la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, también respaldada por el legislador Pablo Fernández, se centra en el ámbito laboral. La iniciativa busca reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para que las mujeres servidoras públicas que presenten dismenorrea incapacitante puedan recibir tres días de descanso remunerado al mes. Para acceder a este beneficio, la licencia por periodo menstrual se otorgaría únicamente cuando los síntomas sean incapacitantes, previa certificación médica emitida por un especialista del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y deberá renovarse cada seis meses.
La diputada Romero Velázquez destacó la magnitud del problema en México:
"En México el 21 por ciento de las mujeres trabajadoras que tienen menstruación dolorosa o dismenorrea han tenido que faltar al trabajo o a dejar de realizar tareas importantes debido a esta condición, de acuerdo con datos de la Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, realizada por la organización #MenstruaciónDignaMéxico”.

¿Cuál es el impacto esperado de estas iniciativas, según los datos y la opinión de las mujeres?
Las propuestas se basan en datos contundentes que revelan la urgencia de estas medidas. La Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, de #MenstruaciónDignaMéxico, arroja cifras reveladoras:
- Al menos el 50 por ciento de las mujeres menstruantes en México ha sufrido dismenorrea en algún momento de su vida.
- El 20 por ciento de las trabajadoras menstruantes no cuenta con la infraestructura necesaria para la gestión menstrual en sus centros laborales.
- 9 de cada 10 adolescentes y mujeres encuestadas considera necesario implementar acciones como las iniciativas planteadas.
La legisladora Krishna Romero enfatizó el potencial impacto de su propuesta en el sector público del Estado, donde un gran porcentaje de las más de 377 mil personas que laboran son mujeres. La aprobación de estas reformas representaría un avance significativo hacia la equidad de género y el reconocimiento de la salud menstrual como un factor clave en el bienestar y desarrollo de mujeres y niñas en México.