- La propuesta busca reformar la Ley de Educación estatal para incluir la constancia de prueba antidoping con resultado negativo en la inscripción.
Una nueva iniciativa busca transformar la manera en que las instituciones públicas de educación media superior y superior del Estado de México abordan la prevención y el tratamiento del consumo de drogas entre jóvenes. La propuesta, presentada por la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (Morena), plantea un cambio significativo en los requisitos de inscripción y reinscripción.
El objetivo central es utilizar un enfoque educativo y de salud pública para la detección temprana, lejos de cualquier criminalización o castigo.
¿Cómo funcionaría la prueba antidopaje para acceder a escuelas públicas?
La propuesta busca reformar la Ley de Educación estatal para incluir un requisito: presentar una constancia de prueba antidoping con resultado negativo al momento de la inscripción o reinscripción. Esta prueba, que debería ser realizada en laboratorios certificados y tener una vigencia no mayor a 30 días, tendría fines estrictamente preventivos y de promoción de la salud.
La diputada Rojas Hernández subrayó la importancia de este enfoque durante la sesión deliberante:
“El marco jurídico debe entenderse como una herramienta complementaria de las estrategias preventivas que, lejos de criminalizar a las y los estudiantes, tenga un enfoque de detección temprana, canalización médica y acompañamiento psicosocial, respetando en todo momento la confidencialidad, el consentimiento informado y la no estigmatización".
Para garantizar la integridad y el respeto a los derechos humanos, la iniciativa contempla la creación de protocolos éticos y confidenciales. El propósito es ofrecer apoyo integral, no aplicar sanciones.
¿Qué pasará con los alumnos que presenten un resultado positivo?
Este es el punto crucial de la propuesta. Los resultados positivos en la prueba no serán causal de exclusión definitiva de la inscripción o reinscripción. En su lugar, el sistema educativo deberá activar una red de apoyo y tratamiento obligatorio.
Las instituciones educativas estarán obligadas a canalizar al estudiante a un programa de prevención o tratamiento integral, el cual se implementará con base en protocolos de atención y con la participación de madres, padres o tutores.
La diputada enfatizó que las escuelas mexiquenses merecen corresponsabilidad política, ética y legal, toda vez que "la prevención del consumo de drogas no solo contribuye al bienestar individual de las y los estudiantes, sino que fortalece el tejido social, previene la violencia y construye condiciones reales de equidad educativa".
La reincorporación total del estudiante a las actividades académicas estará condicionada al seguimiento efectivo del tratamiento indicado por las autoridades de salud.
La implementación general y los lineamientos específicos para la aplicación de las pruebas, el manejo de resultados y los programas de apoyo serán responsabilidad conjunta de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud estatal y el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones. La urgencia de la medida se basa en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2019-2020, que identifica al grupo de entre 15 y 24 años como el de mayor índice de consumo experimental y habitual de drogas ilegales.