- Morena y aliados aprueban cambios a elección judicial; PAN, PRI, PRD y MC votan en contra
- Doceava legislatura en aplazar elección judicial sólo detrás de Oaxaca, Tabasco, Nayarit, Chiapas, Zacatecas, Campeche, Tlaxcala, Sonora, Tamaulipas, Michoacán y Baja California
Por: Jimena Guzmán
Foto: Cámara de Diputados
El Congreso del Estado de México aprobó por mayoría de votos las minutas constitucionales remitidas por el Congreso de la Unión en materia de reforma judicial y nulidad electoral por intervención extranjera.
Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra, al señalar que las modificaciones representan correcciones a una reforma judicial “mal diseñada”, mientras Morena defendió los ajustes como necesarios para perfeccionar el modelo.
Uno de los principales cambios aprobados aplaza hasta el 4 de junio de 2028 la elección judicial originalmente prevista para 2027, con la posibilidad de empatarla con la consulta de revocación de mandato presidencial.
Además, contempla reducir el número de candidaturas a cargos judiciales, modificar los comités de evaluación, dividir el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos secciones y establecer casillas únicas para elecciones de personas juzgadoras y cargos ejecutivos.
Durante la discusión, la diputada de MC, Ruth Salinas Reyes, sostuvo que la reforma judicial “estaba mal hecha desde el principio” y acusó que el aplazamiento evidencia errores en el diseño original.
La legisladora cuestionó que la elección judicial de 2025 sólo registrara una participación cercana al 13 por ciento del padrón convocado y acusó que el nuevo ajuste es apenas “un parche” a un esquema que, dijo, continuará requiriendo correcciones.
En el mismo sentido, la diputada del PAN, Joanna Felipe Torres, aseguró que la reforma no atiende el problema central del sistema de justicia y advirtió que el voto popular no garantiza mejores jueces.
El diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada del PRD, consideró que el aplazamiento de la elección judicial confirma las deficiencias de la propuesta original.
En contraste, Morena defendió que los cambios responden a observaciones realizadas por autoridades electorales y permitirán una mejor implementación del nuevo modelo.
El diputado Octavio Martínez Vargas argumentó que era inviable realizar de forma simultánea la renovación de gubernaturas, congresos y la elección de integrantes del Poder Judicial, por lo que el aplazamiento permitirá mejorar el proceso.
“Se corrigen algunos elementos a efectos de enriquecer el proceso electoral del Poder Judicial”, afirmó.
El legislador señaló que los ajustes incluyen mayor coordinación entre comités de evaluación, una boleta más accesible y mecanismos de capacitación para aspirantes.
Asimismo, sostuvo que la reforma judicial ya muestra avances en el Estado de México, como audiencias públicas, asesorías ciudadanas y acercamiento territorial de jueces y magistrados.
“Hoy hay un Poder Judicial que da audiencias públicas, que visita municipios y que tiene comunicación directa con los justiciables”, dijo.
Además de la reforma judicial, el Congreso mexiquense avaló modificaciones al artículo 41 constitucional para establecer una nueva causal de nulidad electoral cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera con intención de influir en preferencias ciudadanas o resultados electorales.
La oposición criticó la medida al considerar que ignora una problemática más urgente: la presunta intervención del crimen organizado en elecciones.
La diputada Ruth Salinas acusó que Morena rechazó previamente propuestas de Movimiento Ciudadano para impedir candidaturas vinculadas con grupos criminales.
“Suena muy bien en el papel, proteger a nuestra soberanía de la injerencia extranjera en las elecciones. Pero causa extrañeza que no ha contemplado el supuesto de nulificar las elecciones cuando haya injerencia e intervención del crimen organizado en las elecciones”, reprochó.
La diputada panista, Krishna Karina Romero Velázquez, sostuvo que la legislación mexicana ya contempla restricciones a la intervención extranjera y advirtió que la nueva causal podría prestarse a interpretaciones discrecionales.
En tanto, la diputada priista María Mercedes Colín Guadarrama calificó la reforma como “ambigua” y acusó que busca crear herramientas para impugnar resultados electorales a conveniencia política.
“Esta reforma no busca defender la soberanía nacional, busca perpetuar a un partido en el poder”, afirmó.
Morena rechazó los señalamientos. El diputado Israel Espíndola López sostuvo que la reforma fortalece la democracia y protege la soberanía nacional frente a posibles presiones extranjeras.
Tras su aprobación, la legislación local cuenta con un plazo de 60 días para armonizar la ley estatal con la federal.