- Argumentan que hay al menos seis detenidos.
La clausura de al menos 25 centros de rehabilitación en el Valle de México por parte de autoridades mexiquenses ha desatado inconformidad entre organizaciones dedicadas al tratamiento de adicciones, quienes este 20 de marzo se movilizaron para exigir la liberación de personas detenidas y la apertura de mesas de diálogo para regularizar su operación.
De acuerdo con representantes del sector, cerca de 80 agrupaciones provenientes de municipios como Naucalpan y la zona norte del Valle de Toluca se sumaron a la protesta para entregar un pliego petitorio ante autoridades de salud.
Clausura de centros desata movilización en el Valle de México
Mario Nava Hernández informó que el cierre de espacios y la detención de al menos seis personas en Naucalpan generó incertidumbre entre los operadores de estos centros.
“Venimos aproximadamente 80 agrupaciones para exigir la liberación inmediata de nuestros compañeros y que se revisen los casos de cada centro de rehabilitación”, señaló.
Los manifestantes aseguraron que desconocen el paradero de algunos de los detenidos, lo que ha incrementado la preocupación en el sector.
Fiscalía argumenta irregularidades, pero persisten dudas
Las autoridades justificaron las clausuras por presuntas irregularidades en los establecimientos; sin embargo, los afectados aseguran que no se les ha informado con claridad sobre las faltas detectadas.
“Dicen que hay irregularidades, pero no nos explican cuáles ni a dónde fueron remitidos nuestros compañeros”, denunciaron.
Buscan regularización y diálogo con autoridades de salud
Uno de los principales objetivos de la movilización es integrarse a mesas de trabajo con la Secretaría de Salud para regularizar los centros bajo la normatividad vigente.
“Queremos ser parte de este proceso, cumplir con la norma y seguir trabajando en el combate a las adicciones”, explicó Nava Hernández.
Los representantes subrayan que la regulación es necesaria, pero debe realizarse con transparencia y sin afectar a quienes cumplen con los lineamientos.
Centros atienden a población vulnerable, incluidos menores
Los operadores señalaron que cada centro alberga entre 30 y 60 personas en procesos de rehabilitación, incluyendo jóvenes desde los 14 años.
“Ya hay consumo desde los 10, 11 o 12 años; es un problema cada vez más focalizado”, advirtieron.
Además, destacaron que muchos espacios trabajan con tratamientos de 90 días para lograr una reinserción social, con tasas de éxito de entre 30% y 40%.
Denuncian irregularidades en operativos y detenciones
Sandra Murillo acusó que algunas clausuras se realizaron de manera arbitraria, incluso en lugares que no operaban como centros de internamiento.
“Clausuraron consultorios psicológicos solo por mencionar ‘adicciones’ en su anuncio. Eso no tiene lógica”, afirmó.
También denunció presuntos abusos durante los operativos:
“Tenemos videos donde policías agreden a personas, incluso a mujeres, solo por grabar”.
Alertan sobre riesgos sociales por cierre de centros
Integrantes del sector advirtieron que el cierre masivo de espacios podría tener consecuencias graves en materia de seguridad.
Javier Reyes explicó que, si decenas de centros dejan de operar, cientos o miles de personas podrían regresar al consumo.
“Estamos hablando de hasta mil personas nuevamente en las calles, lo que puede incrementar delitos como robos o violencia familiar”, señaló.
Incluso mencionó casos extremos derivados de la interrupción de tratamientos.
“Conocimos a una persona que salió de un centro, recayó y terminó asesinando a su familia”, relató.
Operadores piden enfoque integral en combate a adicciones
Los manifestantes insistieron en que su labor no solo atiende el consumo de sustancias, sino también la violencia social asociada.
“No queremos confrontación, queremos trabajar junto con el gobierno para atender la magnitud del problema”, afirmaron.
Asimismo, criticaron que las autoridades busquen únicamente controlar el consumo mediante medicamentos, en lugar de impulsar procesos de rehabilitación integral.
Exigen solución inmediata y respeto a su labor
Finalmente, los representantes reiteraron su exigencia de liberar a los detenidos, revisar los casos de clausura y establecer mecanismos claros de regulación.
“Hay centros que cumplen con todos los requisitos y aun así fueron cerrados. Eso nos afecta a todos”, concluyeron.
La situación continúa en desarrollo, mientras el sector espera una respuesta oficial que permita retomar operaciones sin afectar la atención a personas con problemas de adicción.