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  • La reforma obliga a investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio
  • Servidores públicos que obstaculicen o sean negligentes en estas investigaciones podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y la destitución del cargo

Por: Jimena Guzmán
Foto: Cámara de Diputados

El Congreso del Estado de México aprobó la Ley Mariana Lima Buendía, con reformas para fortalecer la investigación de muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género y sancionar a servidores públicos que incurran en actos de corrupción, negligencia u obstrucción de la justicia en estos casos.

La iniciativa, impulsada impulsada por Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima víctima de feminicidio en 2010, en Chimalhuacán, y respaldada por la diputada de Morena, Jennifer González López, establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá investigar, con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio.

La reforma también contempla modificaciones al artículo 353 del Código Penal estatal para establecer como delito que servidores públicos encargados de investigar o sancionar delitos cometidos contra mujeres por razones de género incurran en actos de corrupción, omisión, negligencia u obstrucción de la investigación y de la administración de justicia.

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Sanciones

De acuerdo con el dictamen aprobado, quienes incurran en estas conductas podrían recibir de cuatro a 10 años de prisión, de 100 a 150 días de multa, además de la destitución e inhabilitación que corresponda para desempeñar el cargo.

Durante su intervención en tribuna, Jennifer González López señaló que la reforma busca evitar que las investigaciones de muertes violentas de mujeres queden sujetas a interpretaciones aisladas y establecer un marco legal que obligue a las autoridades a actuar con perspectiva de género.

El caso de Mariana Lima

La reforma lleva el nombre de Mariana Lima Buendía, una joven de 29 años y estudiante de Derecho que fue asesinada el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México.

Mariana había manifestado su intención de separarse de su esposo, Julio César Hernández Vallinas, quien se desempeñaba como policía judicial. Tras su muerte, el caso fue inicialmente manejado como un suicidio, versión que su madre, Irinea Buendía, rechazó desde el primer momento.

Irinea emprendió entonces una lucha de más de una década para exigir que la muerte de su hija fuera investigada con perspectiva de género y que se esclarecieran las circunstancias del caso.

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Precedente de la Suprema Corte

La lucha de Irinea llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 25 de marzo de 2015, al resolver el Amparo en Revisión 554/2013, estableció que las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género y bajo los estándares correspondientes para determinar si existieron razones de género.

Ese criterio se convirtió en un precedente fundamental para la investigación de muertes violentas de mujeres en México.

Ahora, con la aprobación de la Ley Mariana Lima Buendía, el Congreso mexiquense incorpora este principio al marco legal estatal y establece responsabilidades para los servidores públicos que incumplan con su obligación de investigar.

Jennifer González López destacó que la reforma es resultado también del trabajo de colectivos y familias que durante años han exigido justicia.

Cambio en la investigación

González López sostuvo que la reforma no busca únicamente establecer sanciones, sino generar cambios en la forma en que las instituciones investigan y atienden los casos de violencia contra las mujeres.

Afirmó que incluso cuando una muerte es inicialmente considerada un suicidio, las autoridades deben analizar las circunstancias y determinar si existen elementos que indiquen que pudo tratarse de un homicidio.

Con la aprobación del decreto, el Congreso mexiquense busca fortalecer las obligaciones de la Fiscalía y establecer responsabilidades para los servidores públicos que incumplan con su deber de investigar con perspectiva de género.