“El Congreso mexiquense amplía el análisis de iniciativas para penalizar el abandono doloso de basura y tipificar el ecocidio, con sanciones de hasta 18 años de prisión.”
🌱 Convocatoria a la Secretaría del Medio Ambiente
Las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Protección Ambiental y Cambio Climático de la LXII Legislatura del Estado de México acordaron convocar a integrantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal para enriquecer el análisis de iniciativas que buscan penalizar el abandono doloso de basura y tipificar el delito de ecocidio.
Las propuestas fueron presentadas por los diputados Israel Espíndola López y Javier Cruz Jaramillo (morena), así como por la legisladora Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM).
🗑️ Abandono doloso de basura
La iniciativa de Israel Espíndola plantea sanciones de hasta 11 años y tres meses de prisión por abandono doloso de basura, además de penas de hasta seis años de cárcel por posesión, venta, transporte o almacenamiento de residuos peligrosos sin cumplir normas oficiales.
El proyecto busca superar las sanciones administrativas actuales, consideradas débiles y simbólicas, incorporando:
- Criterios de proporcionalidad según la gravedad del daño
- Agravantes en áreas naturales protegidas o cuando exista afectación a la salud
- Mecanismos de justicia restaurativa y suspensión condicional del proceso
🌍 Tipificación del ecocidio
Las iniciativas de Javier Cruz y Itzel Guadalupe Pérez proponen tipificar el ecocidio como delito ambiental grave:
- Javier Cruz: hasta 18 años de prisión por actos dolosos que causen daño grave, destrucción o pérdida significativa de ecosistemas, especies o recursos naturales.
- Itzel Pérez: hasta 17 años de cárcel por daños graves, masivos y extensos a recursos naturales, flora, fauna, agua, suelo, aire o ecosistemas completos.
Ambas iniciativas incluyen agravantes cuando las conductas afectan la salud pública o se realizan en áreas naturales protegidas.
⚖️ Viabilidad y justicia ambiental
La legisladora Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) destacó que las propuestas amplían los mecanismos de acceso a la justicia ambiental y requieren la participación técnica de la Secretaría del Medio Ambiente para asegurar su viabilidad constitucional y correcta implementación.