- Las reformas establecen sanciones agravadas cuando los ataques pongan en riesgo la vida de las víctimas o sean cometidos por personas con vínculos de confianza, parentesco o subordinación
- La legislación también contempla atención médica especializada gratuita, cirugías reconstructivas, rehabilitación y reparación integral del daño
Por: Jimena Guzmán
Foto: Cámara de Diputados
El Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para sancionar la violencia ácida o química contra mujeres, niñas y adolescentes con penas que pueden alcanzar hasta 36 años de prisión.
Hasta 30 años por lesiones agravadas
El dictamen establece penas de hasta 15 años de prisión y de 200 a 500 días multa para quien cause lesiones dolosas mediante ácidos, sustancias corrosivas, compuestos químicos, líquidos a altas temperaturas, gases, explosivos u otros agentes similares.
Cuando las lesiones provoquen desfiguración permanente en cara, cabeza, cuello, mamas o genitales, o la pérdida o disminución definitiva de la función de un órgano o sentido, la sanción podrá llegar a 20 años de prisión y de 300 a 700 días multa.
Las penas aumentarán si el delito es cometido por una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones o existe una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral, docente, de subordinación, confianza o responsabilidad y cuidado con la víctima.
En esos casos, las sanciones pueden alcanzar 22.5 años por lesiones y 30 años cuando exista desfiguración permanente o afectación definitiva de un órgano o sentido, según corresponda.
Al considerar las sanciones vigentes por el delito de lesiones y las agravantes aprobadas, la pena máxima podrá alcanzar 36 años de prisión. En estos supuestos, el delito se perseguirá de oficio.
Atención médica y reparación integral
Las reformas también reconocen la violencia ácida o química dentro de la legislación estatal y obligan a las autoridades a canalizar de inmediato a las víctimas a unidades médicas de alta especialidad, con acceso gratuito, integral y continuo a los servicios de salud.
El personal médico deberá brindar atención prioritaria, conservar evidencia clínica y biológica y notificar al Ministerio Público. La omisión de esta obligación podrá derivar en sanciones.
La reparación integral incluirá cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, prótesis, tratamientos especializados y compensación por lucro cesante, además de otras medidas necesarias para recuperar el proyecto de vida de las víctimas.
Durante la discusión, la diputada de Morena, Paola Jiménez Hernández, se pronunció por leyes más punitivas contra las personas agresoras, mientras que Araceli Casasola Salazar, del PRD, cuestionó que la propuesta retomara parcialmente la iniciativa de la Fundación Carmen Sánchez y anunció que su bancada presentará otra propuesta para completar las reformas.