- El proyecto de ley establece una escala de sanciones que castiga con mayor severidad el daño intencional.
Ante la creciente crisis climática y la alarmante incidencia de siniestros en zonas boscosas, el Grupo Parlamentario del Partido Verde (PVEM) en el Congreso mexiquense ha lanzado una ofensiva legal contra quienes atenten contra el patrimonio natural. La iniciativa, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, busca reformar el Código Penal para incrementar las penas máximas de 12 a 18 años de prisión para quienes provoquen incendios forestales de manera dolosa o por negligencia grave.
La propuesta, presentada por la legisladora Gloria Vanessa Linares Zetina, surge como respuesta a un marco sancionatorio que hoy se considera insuficiente para frenar la destrucción de ecosistemas, áreas naturales protegidas y la pérdida de biodiversidad en la entidad.
¿Cuáles son las nuevas penas y agravantes propuestas por el PVEM?
El proyecto de ley establece una escala de sanciones que castiga con mayor severidad el daño intencional. La pena base por provocar incendios en zonas forestales sería de cuatro a 12 años de prisión. Sin embargo, este castigo aumentaría hasta en una mitad (alcanzando los 18 años) bajo condiciones específicas que agravan el delito:
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Dolo y Negligencia: Cuando el responsable actúe a sabiendas del daño ecológico o por omisión grave de medidas de seguridad.
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Uso de Acelerantes: Utilización de armas, sustancias inflamables o combustibles para iniciar el fuego.
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Impacto Social y Biológico: Si el incendio provoca el desplazamiento de fauna silvestre, pone en riesgo la salud humana o genera afectaciones graves a ecosistemas protegidos.
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Reincidencia: Castigo ejemplar para quienes ya han cometido delitos contra el medio ambiente.
¿Qué tan grave es la situación de los incendios forestales en México y el Edomex?
La urgencia de esta reforma se respalda en cifras críticas. Durante el año 2025, México registró 7,016 incendios forestales, afectando más de un millón 230 mil hectáreas. En el ámbito local, el Estado de México cerró el año pasado con 821 siniestros, situándose entre las nueve entidades con mayor incidencia a nivel nacional.
La diputada Vanessa Linares subrayó que las sanciones actuales, que apenas alcanzan multas máximas de 35 mil pesos en áreas protegidas, no guardan proporción con la magnitud del daño. "No se puede normalizar que el fuego avance más rápido que la ley; proteger el medio ambiente es una causa de justicia y salud pública", enfatizó la legisladora.
¿Cuáles son las principales causas de incendios que busca inhibir esta ley?
La iniciativa identifica que la mayoría de los siniestros son derivados de la actividad humana, muchos de los cuales podrían prevenirse con sanciones más estrictas. Entre los factores principales destacan:
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Actividades de caza y quema de residuos sólidos.
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Uso irresponsable de fogatas y colillas de cigarro mal desechadas.
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Prácticas tradicionales o rituales realizadas sin supervisión.
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Lucro de servidores públicos: La propuesta mantiene castigos severos para funcionarios que colaboren en estos incendios para obtener beneficios económicos.
Con esta reforma, el Congreso del Estado de México busca enviar un mensaje claro: la impunidad ambiental se termina para dar paso a una responsabilidad generacional que proteja los pulmones de la entidad.