- Entre 2019 y 2024, este delito acumuló cerca de 20 mil carpetas de investigación en territorio estatal.
En un movimiento legislativo clave para la seguridad en la entidad, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense aprobó la creación de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión. Esta nueva normativa busca frenar un delito que, entre 2019 y 2024, acumuló cerca de 20 mil carpetas de investigación en territorio estatal.
La iniciativa, que conjunta propuestas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del grupo parlamentario del PRI, marca un antes y un después al establecer que la extorsión sea perseguida de oficio, fortaleciendo la coordinación transversal entre instituciones.
¿Cuáles son los pilares de la nueva Ley contra la Extorsión en Edoméx?
El nuevo ordenamiento no solo reforma el marco jurídico, sino que crea estructuras operativas para proteger el patrimonio y la integridad de las familias y comerciantes mexiquenses. Los puntos fundamentales aprobados son:
- Persecución de oficio: Se elimina la necesidad de una querella parte para que las autoridades inicien la investigación.
- Centro Estatal de Denuncias: Se crea un organismo especializado para la recepción, registro y seguimiento de denuncias por extorsión.
- Fiscalía Especializada: La FGJEM instaurará una Fiscalía Central Especializada en Combate a la Extorsión y Secuestro, con personal certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Estrategia Estatal: La Secretaría de Seguridad implementará una estrategia alineada con la federación para coordinar políticas de combate efectivo.
¿Qué medidas se tomarán contra las extorsiones desde los penales?
Uno de los avances más significativos de esta reforma es el control tecnológico en los centros de reclusión, identificados frecuentemente como origen de estas conductas delictivas.
De acuerdo con los artículos transitorios de la ley, los centros penitenciarios del Estado de México tienen un plazo de 150 días hábiles para instalar procedimientos y tecnologías que logren la inhibición total de señales de telefonía celular, radiocomunicación, voz y datos. Esta medida busca cortar de tajo la comunicación no autorizada hacia el exterior que facilita el cobro de cuotas y amenazas.
¿Qué retos y dudas persisten tras la aprobación de esta ley?
A pesar del consenso entre las bancadas de morena, PRI, PAN y MC, algunos legisladores han señalado puntos que requerirán vigilancia estrecha durante la implementación. La diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio advirtió sobre el riesgo de una "burocratización innecesaria" y la dificultad de reducir la "cifra negra" (delitos no reportados).
Por su parte, desde la bancada de Movimiento Ciudadano, se destacó la necesidad de definir mecanismos claros para:
- Evitar la participación de servidores públicos y policías en actos de extorsión.
- Garantizar la suficiencia presupuestaria para vigilar negocios en zonas vulnerables.
- Asegurar que no exista ambigüedad jurídica en la descripción del delito.
"La ley propuesta se enfoca en la prevención, atención y combate de estas conductas, mientras que el tipo penal y las sanciones se establecen en la Ley General", precisó Javier de Jesús Domínguez, encargado de Legislación estatal.