- Entra en vigor nueva Ley de Amnistía con nuevos supuestos y creación de la Comisión Legislativa.
Por: Jimena Guzman
Foto: Especial
El Gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta del Gobierno tres decretos en materia de amnistía, impulsados por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el diputado de Morena Octavio Martínez Vargas y la diputada del Partido del Trabajo (PT) Ana Yurixi Leyva Piñón, que transforman de fondo cómo opera este mecanismo de justicia en la entidad.
El cambio más importante es la creación de la Comisión Legislativa de Amnistía dentro del Congreso del Estado de México, que asumirá la responsabilidad de recibir, analizar y dictaminar las solicitudes.
Esta comisión se integrará respetando los principios de pluralidad, paridad y proporcionalidad entre los grupos parlamentarios, y podrá convocar a personas expertas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil cuando la naturaleza de un caso lo requiera.
La reforma amplía también el catálogo de personas que pueden solicitar el beneficio.
Además de los supuestos ya existentes, ahora podrán acceder quienes padezcan una enfermedad terminal o crónico degenerativa grave, las mujeres que no fueron juzgadas con perspectiva de género o de derechos humanos.
Las personas sentenciadas por delitos cometidos en condiciones de vulnerabilidad manifiesta, desventaja estructural o bajo alguna categoría sospechosa de discriminación.
En los casos de aborto, el lenguaje de la ley se actualiza para referirse a la persona gestante y no sólo a la madre, ampliando así su alcance.
Para garantizar que los solicitantes no queden solos en el proceso, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México deberá proporcionarles asesoría jurídica y representación legal.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos estatal (CODHEM), tendrá la obligación de orientarles sobre posibles violaciones al debido proceso en sus casos.
Al analizar cada solicitud, la Comisión Legislativa deberá pedir opinión consultiva a la CODHEM, a la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, este último a través de la Consejería Jurídica, así como a organizaciones civiles registradas en materia de derechos humanos.
La ley es clara en que recibir una solicitud no implica otorgar la amnistía.
Los decretos entraron en vigor a partir de su publicación en la Gaceta del Gobierno.