**#Octavio Martínez Vargas exige que las investigaciones alcancen a quienes autorizaron las contrataciones y recibieron los recursos
**Criticó que los delitos imputados sean solo abuso de autoridad y fraude y no delincuencia organizada, por ejemplo
Por: Jimena Guzmán
Foto y video: Jimena Guzmán
Luego de que la semana pasada la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejercitó acción penal en contra de 33 vende plazas de maestros quienes están encarcelados en la prisión de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, por los probables delitos de abuso de autoridad y fraude, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, pidió que no solo la responsabilidad recaiga en personal de bajo rango.
Exigió que se llegue a los funcionarios de alto nivel que autorizaron las contrataciones y conocer el destino de los recursos obtenidos de manera ilegal.
"Que no haya fabricación de culpables. Tengo entendido que se le está queriendo cargar el ´muerto´ a servidores públicos de bajo rango, que solo eran obligados a firmar. El tema es conocer quién instruyó, quién contrató y a dónde llegó el dinero", señaló.
Que intervenga la UIF y la ASF
Martínez Vargas sostuvo que, con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debe seguirse la ruta de los recursos para identificar quién los recibió o a dónde fueron transferidos, así como determinar qué funcionarios mantuvieron a estas personas en la nómina.
El legislador también cuestionó los delitos imputados por la Fiscalía, al considerar que los hechos podrían configurar ilícitos de mayor gravedad, como delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.
"Hay un quebranto, hay delincuencia organizada, hay enriquecimiento ilegal. Los acusan de abuso de confianza y en menos de un año podrían estar en libertad, sin restituir el dinero", afirmó.
El diputado se va contra el Fiscal general
Asimismo, criticó la actuación del Fiscal estatal, José Luis Cervantes, al señalar que la investigación se ha limitado a servidores públicos de bajo perfil y no ha alcanzado a quienes tomaron las decisiones.
Este es el recuento
Por los probables delitos de fraude y abuso de autoridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejercitó acción penal en contra de 33 sujetos, entre ex servidores públicos, individuos en funciones y particulares, quienes operaban desde 2021 y hasta inicios del año pasado, lapso en el que realizaron 459 movimientos de alta de plazas falsas de maestros en 12 municipios mexiquenses.
Del universo de presuntos delincuentes, 26 fueron vinculados a proceso y están en la prisión de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, y hasta la semana anterior faltaban siete. De éstos, uno apenas es investigado y cinco promovieron amparo con la justicia federal.
Se volvieron ricos en poco tiempo
Las investigaciones agregan que, de enero de 2025 a febrero de 2026, es decir, en 14 meses, los presuntos delincuentes obtuvieron de manera ilegal del erario estatal 96 millones de pesos, sin sumar las prestaciones de Ley que generaban las falsas plazas como aguinaldo, prima vacacional y bonos.
Aparte, cada uno de los capturados desde la semana antepasada tenía asignada una o más plazas de profesores con las que cobraban 50 mil pesos cada una, es decir, también se autoempleaban.
En estos municipios operaban:
Las escuelas que no funcionaban y a las que se asignaron las plazas de profesores se ubicaban en Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.
Entre los capturados hay dos ex subsecretarios, dos ex directores generales, dos delegados administrativos, un coordinador de delegaciones, dos directores de área y cinco subdirectores, lo que da un total de 14 sujetos que están en la cárcel estatal de Almoloya de Juárez.
¿Qué hacían con el dinero?
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México indican que los presuntos ladrones viajaban a París, Francia, Dubái, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Islas del Caribe, que se sitúan entre América del Norte, América Central y América del Sur, China y Egipto.
En el expediente que consta de 30 tomos y 12 mil hojas, apunta que los 33 individuos tenían automóviles de alta gama, prendas y accesorios de lujo, además vivían en sitios de alta plusvalía.