**La jueza que lleva el expediente en Almoloya de Juárez podría no tener los elementos suficientes para decretar si los vincula a proceso
**Hasta la tarde de este lunes siguen prófugos de la justicia cuatro sujetos, mientras que los probables delitos que obran en el expediente son abuso de confianza y fraude genérico
**Familiares de los acusados salen a las calles de Toluca a exigir un juicio claro
Hoy por la tarde, en la Sala 2 del Poder Judicial adscrita a los juzgados de Almoloya de Juárez, la jueza encargada del caso, definirá la situación jurídica de los nueve imputados por los presuntos delitos de abuso de confianza y fraude genérico.
Entre los acusados, se encuentra Óscar “N” ex director general de personal y ex subsecretario de Administración en la administración de Alfredo del Mazo Maza, Areli “N” Directora de Remuneraciones de Personal en la Dirección General de Personal (DGP) adscrita a la Oficialía Mayor.
Yunuen “N”, Subdirectora de Actualización de la Base de Datos de la Dirección General de Personal, David “N” quien fungía como Director de Sistema de Tecnologías de la Información de la DGP, Christopher “N”, Subdirector de Desarrollo Tecnológico de la DGP y Diego Emmanuel “N” jefe del Departamento de la Base de Datos de Nómina de la DGP.
Así como la analista Fabiola Lidia “N”, Daniel Arturo “N”, Delegado Administrativo del Sub-sistema de Educación Básica y Alfredo “N”, ex delegado administrativo del Sub-sistema de Educación Básica.
Los prófugos de la justicia
Con una orden de aprehensión a cuestas está Rodolfo López Vives, quien fungía como Director General de Personal, tras la salida de su líder Óscar “N”, quien se fue en la era del macista a la Subsecretaria de Administración. Este sujeto, López Vives, le dio continuidad a la red delictiva que comenzó Óscar “N” en plena pandemia del Coronavirus.
Prófugo también está Jaime Noé Hernández Bocanegra, quien suplió a Rodolfo López Vives en la Dirección General de Personal entre los años 2024-2025.
Yuridia Arizmendi Calderón también escapa de la justicia.
Esta mujer se desempeñaba como coordinadora de delegados administrativos de la DGP.
Y Eduardo Flores Archundia, se desempeñaba como Director de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Quien también podría estar involucrado en esta red de vende plazas de profesores es Anthony Domínguez Vargas, ex presidente municipal de Tejupilco y ex diputado local. Este individuo llegó a desempeñarse como coordinador de Delegaciones Administrativas de la Secretaría de educación del Estado de México.
Familiares exigen un juicio claro
Esta mañana, tanto afuera de los juzgados de Almoloya de Juárez y enfrente del Poder Judicial estatal, familiares se manifestaron para solicitar la intervención del magistrado presidente, Héctor Macedo García, y demandar que el caso se resuelva sin presiones políticas.
Además de exigir un juicio claro al asegurar que los verdaderos responsables permanecen en libertad y que sus familiares son utilizados como "chivos expiatorios".
Los inconformes cuestionaron la legalidad de la detención y del cateo realizado en los domicilios de algunos de los imputados.
Afirmaron que, pese a que los servidores públicos ya habían sido asegurados, elementos ministeriales ingresaron por la fuerza a sus viviendas, derribaron puertas y generaron temor entre sus familias, incluso cuando, aseguraron, estaban dispuestos a permitir el acceso de manera voluntaria.
"Queremos que se les haga un juicio claro y transparente, porque pareciera que ya les dieron línea. Los verdaderos responsables son los jefes que siguen libres y disfrutando de ese dinero; nuestros familiares nunca tuvieron facultades para asignar plazas", señaló uno de los familiares.
Además, rechazaron los señalamientos sobre un presunto desvío de millones de pesos, al sostener que los detenidos son trabajadores con más de 15 años de servicio y un nivel económico de clase media, por lo que pidieron investigar el patrimonio de quienes sí ocupaban los cargos con facultades para autorizar la asignación de plazas.
Los familiares también denunciaron que durante varias horas desconocieron el paradero de los detenidos tras su captura y aseguraron que tuvieron que localizar su ubicación mediante registros públicos, ya que, afirmaron, ninguna autoridad les proporcionó información oficial.
Por: Jimena Guzmán
Foto: Jimena Guzmán