La diputada María José Pérez Domínguez (Morena) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México, con el objetivo de sancionar con hasta 15 años de prisión a las personas servidoras públicas que corrompan, vicien o falseen la investigación de un delito, favoreciendo la evasión de la justicia o imputando falsamente a otra persona mediante la fabricación de pruebas.
Actualmente, el Código Penal contempla sanciones de 4 a 10 años de prisión, además de multas y destitución, para quienes desvíen u obstaculicen una investigación. La propuesta busca añadir como agravante la fabricación, invención o generación de indicios, evidencias, pruebas, objetos o instrumentos que deriven en la imputación o condena de una persona inocente, lo que elevaría la pena hasta los 15 años de cárcel.
Principio de presunción de inocencia
En su exposición de motivos, la legisladora subrayó que la presunción de inocencia es un principio fundamental de la seguridad jurídica. Señaló que numerosas personas han sido inculpadas y condenadas falsamente, lo que ha sido denunciado por familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas prácticas, enfatizó, rompen con el Estado de derecho y generan desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia.
Impacto en la confianza ciudadana
La diputada destacó que el Estado de México se encuentra entre las tres entidades con menor confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, lo que provoca que casi el 90% de los delitos no se denuncien. La iniciativa busca combatir la impunidad y garantizar que ninguna persona sea condenada injustamente por hechos fabricados.
La propuesta de María José Pérez pretende cerrar vacíos legales y sancionar de manera ejemplar a quienes incurran en la fabricación de delitos, protegiendo la dignidad, la libertad y la reputación de las personas frente a prácticas ilegales y arbitrarias.