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  • El Tribunal busca garantizar investigaciones rigurosas, con plazos definidos y sustento legal, brindando certeza jurídica tanto a la ciudadanía.

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial del Estado de México estableció un marco normativo para investigar y substanciar las responsabilidades administrativas del personal judicial. A través del acuerdo general AGPTDJ/23/2026, el órgano busca garantizar investigaciones rigurosas, con plazos definidos y sustento legal, brindando certeza jurídica tanto a la ciudadanía que denuncia como al personal sujeto a revisión.

La aprobación del acuerdo se dio por unanimidad en sesión ordinaria del Pleno, encabezado por la Magistrada Presidenta Maricela Reyes Hernández, en conjunto con las magistradas Nancy Flores Mendoza y Karla Ivonne Díaz Iniesta, y los magistrados Jesús Ángel Cadena Alcalá y Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

¿Cómo se tramitarán y resolverán las denuncias dentro del TDJ?

El proceso disciplinario puede iniciar mediante una queja ciudadana, una actuación de oficio del propio Tribunal o la intervención de la Contraloría Interna. Corresponde a la Presidencia del TDJ determinar la admisibilidad de cada escrito para dar paso formal a la investigación.

Para evitar dilaciones indefinidas, la normativa fija plazos operativos estrictos:

  • Inicio de diligencias: La persona agente investigadora debe comenzar la indagatoria dentro de las 48 horas posteriores a la recepción del expediente.
  • Periodo de investigación: Contará con un plazo ordinario de seis meses, ampliable de forma excepcional por un periodo igual según las características del caso.

El trabajo operacional se coordinará entre el área de Investigación —encargada de recabar pruebas y documentos— y la de Substanciación, distribuido de forma descentralizada en cuatro regiones clave: Toluca, Texcoco, Tlalnepantla y Ecatepec. Asimismo, se implementarán herramientas digitales para la gestión segura de expedientes y la protección de datos personales.

¿Qué garantías y derechos protegen a las partes involucradas?

El acuerdo sustenta que todo procedimiento se ejecute bajo el estricto respeto a la legalidad y al debido proceso. Las autoridades investigadoras están obligadas a salvaguardar los siguientes principios constitucionales:

  1. Presunción de inocencia y derecho de defensa.
  2. Garantía de audiencia previa a cualquier sanción.
  3. Perspectiva de género y derechos humanos en la atención de casos sobre discriminación, hostigamiento o violencia de género.
  4. Protección a víctimas para evitar la revictimización durante el desarrollo de la indagatoria.

Con estas medidas, el Poder Judicial mexiquense busca elevar el nivel de vigilancia en el desempeño de los servidores públicos de la institución, asegurando imparcialidad en la impartición de justicia disciplinaria.