Los transportistas del Estado de México se encuentran al borde de un paro de labores que podría paralizar la movilidad en el Valle de México y el Valle de Toluca. Programado para el próximo lunes, 1 de septiembre, este cese de actividades es una medida de presión ante la falta de acuerdos con la Secretaría de Movilidad para un aumento en la tarifa del transporte público, con la exigencia principal de elevar el costo del pasaje a un mínimo de 15 pesos.
La tensión ha escalado luego de que las mesas de trabajo y las negociaciones, que se han extendido a lo largo del año, no han rendido frutos. Choferes y empresarios del sector, apoyados por diversas agrupaciones, han manifestado su frustración ante lo que consideran un estancamiento. En palabras de Juan Carlos Rosas Rojas, chofer de la línea intermetropolitana, “no han podido llegar a un acuerdo para aumentar la tarifa del pasaje a un mínimo de 15 pesos”, a pesar de la buena voluntad mostrada en los diálogos.
Esta situación se ve agravada por la percepción de desinformación. Rosas Rojas denunció que los medios han omitido factores clave que justifican la subida de precios. Un punto central es el costo del combustible, que según el transportista, absorbe el 60% del ingreso bruto de cada autobús. Además, hay una serie de gastos recurrentes que han sido subsidiados por los propios transportistas durante años, como el pago de rentas, impuestos, seguridad social para los trabajadores, pólizas de seguros, telefonía, energía eléctrica y las nóminas. Como señaló Rosas Rojas:
“si bien, a nadie nos gusta que nos suban los insumos o productos que consumimos día a día; sin embargo, reitero, a través de estos cinco o siete años a parte de todos estos insumos se han sufrido incrementos que también por supuesto que también han encarecido la producción de este servicio público”.
Estudios académicos avalan la necesidad de aumento
Para dar un sustento técnico y objetivo a su demanda, los transportistas han colaborado con instituciones académicas de prestigio, como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Este esfuerzo conjunto culminó en un estudio que analiza el impacto de la inflación sobre los costos operativos del transporte público. Los resultados de este análisis, que se centran en la viabilidad económica de su petición, son la pieza clave que los transportistas esperan que convenza a las autoridades.
En la última reunión con el gobierno estatal, los transportistas entregaron estudios complementarios para robustecer sus argumentos, y los funcionarios se comprometieron a dar una respuesta puntual. Sin embargo, la falta de una contestación a la fecha es lo que ha llevado al sector a convocar a la movilización. Los transportistas han desmentido la cifra inicial de $16 pesos, aclarando que su propuesta concreta de aumento es de 3 pesos, lo que elevaría el costo del pasaje de 12 a un mínimo de 15 pesos. No obstante, esta cifra final dependerá de las conclusiones del estudio académico.
El factor CDMX: subsidios vs. autosuficiencia
El conflicto también ha sido objeto de comparaciones con el servicio de transporte en la Ciudad de México, lo que, según Rosas Rojas, ignora una diferencia crucial: “muchos desconocen que la mayoría del transporte está subsidiado por parte del gobierno federal, que abastece el costo del servicio”. Esta distinción es fundamental para entender por qué en el Estado de México la carga económica recae directamente sobre los transportistas y, por extensión, sobre los usuarios, sin un apoyo gubernamental significativo.
La amenaza de paro, que iniciará desde las primeras horas del 1 de septiembre y no concluirá hasta obtener una respuesta, se plantea como una medida de última instancia. Se espera que la manifestación sea simultánea en todo el Valle de México y el Valle de Toluca, donde se estima que al menos el 50% de las 3,500 unidades de 33 empresas participarán en el cese de actividades. La situación pone en evidencia la urgencia de encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades de los transportistas y el impacto económico en los millones de usuarios que dependen del servicio.