Comprender el riesgo de desastre, entender las causas, dinámicas y vulnerabilidades que los propician es una de las prioridades establecidas por el Marco de Sendai (2015-2030), acuerdo global firmado por más de una centena de países miembros de la ONU que proyectó en un periodo de 15 años la reducción de las pérdidas de vidas y los daños a bienes, infraestructura y medio ambiente provocados por los desastres.
A menos de 5 años de cumplirse el plazo, no sólo no se logró el propósito, sino qu el riesgo de desastre aumentó a nivel global. ¿Por qué? Porque otra de las prioridades que se fijaron en Sendai fue invertir en la reducción del riesgo, promover la resiliencia y asignar recursos a proyectos de prevención, monitoreo, detección y mitigación de sus factores precursores. Lo cual no se ha hecho. En
México, de los recursos destinados temas de emergencias y desastres 99% se utiliza en labores de
respuesta y sólo el 1% en actividades preventivas.
¿Por qué?
Porque obedece a una problemática de carácter sistémico y multifactorial, es decir, que a cada uno de sus componentes no se les puede atribuir por sí mismos la preeminencia de su contribución a un desastre, sino a su conjugación simultánea con los otros factores, que van de lo cultural e idiosincrático de una población, su economía, el diseño institucional de su gobierno, la práctica política y el estado de derecho.
El desconocimiento de las leyes, normas y reglamentos de protección civil, de medio ambiente; la débil gestión del desarrollo urbano y territorial son factores subyacentes de escenarios de riesgo de desastre que se acumulan año con año. En adición, la especulación inmobiliaria y la discrecionalidad en el uso del suelo, abonan al caótico crecimiento urbano, el cual, por la falta de monitoreo y seguimiento de fenómenos hídricos, geológicos y de movilidad humana, son caldo de cultivo de calamidades latentes.
Para abatirlos no contamos con una cultura de prevención y aseguramiento; los atlas de riesgo no son utilizados para la toma de decisiones de la planeación urbana; los sistemas de alerta temprana están poco desarrollados y menos difundidos.
En las localidades, del recaudo fiscal nada se destina a los planes preventivos de protección civil, ni se priorizan inversiones en equipamiento de los cuerpos de emergencia.
La pobreza y desigualdad se combinan con la corrupción y la impunidad para construir verdaderas bombas de tiempo en los lugares más recónditos y desatendidos, donde el nivel de exposición de la población es impresionante y que sólo se percibe y reconoce cuando se habla de la cantidad de lesionados, desaparecidos y fallecidos, como si fueran invisibles hasta el día del desastre.
La débil gobernanza, la escasez de recursos, la nula planeación, la desarticulación de interinstitucional y la poca capacidad operativa no permiten que los entes gubernamentales responsables de la atención de emergencias se desarrollen y realmente se consoliden como contrapesos y agentes reguladores que prevengan desastres.
¿Estamos en la lona? Sí.
Podríamos estar peor, también es cierto, sin embargo con lo que se ha desarrollado hasta hoy en México se puede avanzar, solo hay que habilitar herramientas de protección civil que ahí están, sin usarlas adecuadamente, sin organización y sin perspectiva.
Las herramientas son la transversalidad, la corresponsabilidad, la integralidad, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana. Juntas fortalecerán la institucionalidad y darán poder al ciudadano. ¿A qué ciudadano? Al que reconozca que no se pueden resolver los temas de riesgos de manera unilateral, ni individual. Que debe ser una tarea conjunta de todas y todos.
De no ser así, en 2030 se firmará seguramente otro acuerdo de buenos deseos cuya vigencia será hasta 2050. ¿Viviremos? Esto es Protección Civil.
Por: Hugo Antonio Espinosa Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre