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Puede ser un sismo, inundación, explosión, accidente o epidemia lo que genere un desastre en una población, sin embargo, son las prácticas económicas, políticas y culturales que se desarrollan sobre su territorio las que crean las vulnerabilidades y el nivel de exposición al peligro que, como componentes del riesgo, determinan los daños y pérdidas que dicho fenómeno provoca.

Detrás de un desastre hay condiciones materiales, ambientales y culturales que lo anteceden y generan las vulnerabilidades que lo materializan; dichas condiciones también limitan la capacidad de la comunidad para prevenir su ocurrencia y responder ante sus efectos. Por lo tanto, el agente destructivo que participa en un desastre es sólo uno de los elementos que lo constituyen y es la consecuencia o resultado de la vulnerabilidad que la misma sociedad ha construido progresiva o súbitamente, según sea el caso, cuya intensidad y efectos dependen del nivel de exposición social al riesgo.

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¿Cómo se genera esa vulnerabilidad? ¿Qué la produce? ¿Qué factores intervienen? ¿Cómo identificarla o cómo detenerla? Eran las preguntas que necesitaban una respuesta al final del siglo XX. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Consejo Económico Social, mediante la Resolución ONU 44/236, del 22 de diciembre de 1989, formalizó un Marco de Cooperación Internacional para alcanzar el objetivo y las metas del denominado Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), el cual comprendía un esfuerzo global enfocado en las necesidades de los países en desarrollo para prevenir y enfrentar el impacto negativo de los desastres –todavía considerados “naturales”– de 1990 hasta el cierre del siglo.

El enfoque del Decenio propuso trascender de la simple protección contra los peligros que enfrentaba la sociedad a la gestión del riesgo mediante la integración de la reducción de los desastres como un elemento del desarrollo sostenible.​ Así surgió el establecimiento del segundo miércoles de octubre de cada año como el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y la inclusión de los objetivos y metas del Decenio en los Planes Nacionales de Desarrollo de los países adherentes a la ONU, como lo es México.

Entre los objetivos y metas del referido Marco de Cooperación internacional estaban el fomento de una cultura de prevención y preparación frente a desastres naturales; la reducción de pérdidas humanas y económicas causadas por desastres; la promoción de la cooperación internacional para las políticas públicas enfocadas a la reducción de desastres; el apoyo técnico y financiero para los países más vulnerables; recopilar y difundir información sobre riesgos y medidas preventivas; fortalecer capacidades en prevención y mitigación; mejorar la investigación y los sistemas de alerta temprana; educación y capacitación en comunidades vulnerables; construcción de infraestructura, asistencia y transferencia tecnológica​, entre otras buenas intenciones y demagogia acostumbrada en la ONU.

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No obstante, en algo se avanzó y llegamos al siglo XXI con la inclusión del concepto riesgo de desastre en la política social mundial y fue reconocido como uno de los fenómenos globales de atención urgente, junto al calentamiento global y el cambio climático, reconociendo también su cualidad dinámica, multifactorial y, por ende, su desatención por parte de las políticas públicas sectoriales; desapercibido del escrutinio de las propias comunidades expuestas, debido a que los factores que subyacen al riesgo de desastre forman parte de su propio comportamiento, de sus prácticas de consumo y de la forma de explotación de los recursos; de sus formas de asociación, de la manera en que ocupan y aprovechan el territorio; de su movilidad, del manejo de residuos, de su economía, sus rituales y prácticas culturales; del estado de derecho, el acceso a la justicia; la corrupción, la pobreza y la marginación.

El pensamiento contemporáneo de la gestión del riesgo de desastre se ha ido nutriendo de la multidisciplinariedad, del análisis multifactorial y de conceptos como la gobernanza del riesgo para poner en el centro de la discusión global a la vulnerabilidad como el eje principal de la gestión de las oficinas y dependencias de  protección civil en América Latina. Ya que en medida que una comunidad identifica, prevé, gestiona y reduce sus vulnerabilidades puede evitar la construcción social de un desastre y esa es la tarea de la protección civil. ¡Feliz fin de semana!

Hugo Antonio Espinosa

Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre

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