Un nuevo caso de conflicto jurisdiccional y presunta sustracción ilícita ha llegado al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De acuerdo con una denuncia formal, se señala a Melisa Zuluaga Castro por presuntamente haber sustraído de manera arbitraria a dos menores, identificadas con las iniciales A.N.Z. y K.N.Z., desde agosto de 2024, trasladándolas desde Emiratos Árabes e Indonesia hacia Colombia.
El documento detalla que esta acción derivó en el expediente de restitución internacional PCP/750-14 (COL/MEX-EDOMEX/25)075. Sin embargo, el promovente de la denuncia sostiene que la solicitud de restitución iniciada por Zuluaga Castro carece de legitimación, argumentando que el centro de vida de las menores se encuentra en México y no en el país requirente.
¿Qué irregularidades se atribuyen a los servidores públicos en este caso?
La denuncia administrativa apunta a una presunta omisión por parte de funcionarios de la Cancillería mexicana. Según el escrito, el 19 de marzo de 2025 se notificó formalmente a la autoridad que las menores contaban con una guarda y custodia legal otorgada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (expediente 1641/2024).
A pesar de esta notificación y de los antecedentes de una supuesta sustracción previa cometida por la solicitante, los servidores públicos habrían judicializado el caso sin un análisis exhaustivo de los riesgos. El promovente subraya que la actuación de la SRE no detuvo el conflicto antes de turnarlo a la vía judicial, lo que podría implicar una falta de debida diligencia en la protección del interés superior de la infancia.
¿Cuál es el trasfondo legal y de seguridad que motivó la denuncia?
Un punto crítico en la exposición de hechos es la afirmación de que el traslado original de las menores hacia Colombia fue una maniobra para encubrir a un familiar. La denuncia sostiene que Melisa Zuluaga Castro habría actuado para proteger a su hermano, Brandon Zuluaga Castro, quien es señalado en el escrito por presuntos delitos de carácter sexual contra una menor de edad.
Ante estos señalamientos, el denunciante ha solicitado formalmente:
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Investigar la conducta de los servidores públicos de la SRE implicados en el turno del expediente.
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Certificar el escrito del 19 de marzo de 2025 para que sea integrado de manera oficial al expediente administrativo.
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Evaluar el riesgo real al que se exponen las menores ante una posible restitución a un entorno donde se acusa el encubrimiento de delitos graves.
Hasta el momento, el proceso se mantiene bajo revisión del Órgano Interno de Control para determinar si existió responsabilidad administrativa en el manejo de esta controversia internacional.