🚍 Iniciativa para proteger a usuarios
Ciudad de México, 3 de marzo de 2026.- Con el objetivo de combatir los delitos que se cometen en el transporte público y concesionado, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal.
La propuesta busca que se agraven las penas para quienes cometan ilícitos como robos, abuso sexual o violencia en unidades de transporte, paraderos, terminales o instalaciones vinculadas al servicio, incluyendo autobuses, combis y taxis.
👥 Contexto de inseguridad
El senador por el Estado de México explicó que el transporte público es un servicio esencial para millones de mexicanos, quienes lo utilizan diariamente para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas, servicios de salud o actividades recreativas. Sin embargo, la alta concentración de personas en estas unidades genera un entorno vulnerable para los usuarios.
De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 70.9% de las mujeres dijeron sentirse inseguras al usar transporte público. Además, el Instituto Nacional de las Mujeres reveló que nueve de cada diez mujeres han sufrido actos de violencia como agresiones verbales, persecución, acoso y/o abuso sexual en estas unidades.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 mostró que el 23.7% de las personas dejaron de usar transporte público por temor a ser víctimas de un delito y el 36.7% evita tomar taxis por considerarlos inseguros. En el Estado de México, se registraron más de 5,103 robos a bordo de unidades concesionadas en 2025.
⚖️ Reforma propuesta
La iniciativa contempla adicionar la fracción VI al Artículo 266 Bis, para que las penas previstas para abuso sexual y violación aumenten hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando estos delitos se cometan en transporte público o concesionado.
Asimismo, se reformaría el Artículo 376 Ter, para sancionar a quien cometa robo en contra de personas que utilicen o presten servicios de transporte público, entendido como todo medio de traslado de personas que opere mediante concesión, permiso o autorización de la autoridad competente.