*El senador presentó una iniciativa para eliminar los altísimos intereses y las comisiones adicionales en créditos bancarios y pagos electrónicos, protegiendo a las familias mexicanas.
Iniciativa para proteger a las familias mexicanas
El senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de ley para reformar las Instituciones de Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y los Sistemas de Pagos. El objetivo es establecer topes máximos en el cobro de intereses moratorios y eliminar comisiones encubiertas que afectan a los usuarios de servicios financieros.
Créditos sin cargas excesivas
Vargas explicó que los créditos otorgados por instituciones de banca múltiple o de desarrollo son esenciales para la inclusión financiera y el desarrollo económico. Sin embargo, cuando se aplican intereses y comisiones sin límites razonables, se convierten en mecanismos de sobreendeudamiento para las familias.
El senador señaló que actualmente la cartera de crédito al consumo supera 1.7 billones de pesos, con una tasa de morosidad promedio de 3%. Esto genera intereses acumulativos y cargos adicionales que dificultan la estabilidad financiera de los usuarios.
Propuesta de regulación
La iniciativa establece que:
- Los intereses moratorios no podrán exceder la tasa de interés ordinaria pactada en el contrato.
- No podrán capitalizarse ni calcularse sobre réditos vencidos o comisiones no pagadas.
- Las instituciones no podrán incluir cláusulas que permitan el cobro acumulativo de intereses moratorios, penas convencionales y comisiones.
- Los cálculos deberán aplicarse únicamente sobre el saldo insoluto del capital principal.
Eliminación de comisiones adicionales
Enrique Vargas también propuso que los establecimientos comerciales y entidades financieras no puedan cobrar comisiones, cargos o porcentajes adicionales por el uso de tarjetas de débito, crédito u otros medios electrónicos de pago. El incumplimiento será sancionado por la CONDUSEF.
La iniciativa busca garantizar que el precio anunciado al público sea el final y total, evitando que los consumidores enfrenten costos ocultos que afectan su poder adquisitivo.