- Se estima que en México viven alrededor de 7,800 adultos mayores con VIH, muchos de ellos sin acceso a seguridad social para continuar con su tratamiento.
Ciudad de México, 1 de diciembre de 2025. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, el vicecoordinador de los senadores del PAN, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de garantizar los derechos humanos y laborales de las personas que viven con VIH en México.
Propuesta contra la discriminación laboral
La iniciativa busca evitar la discriminación en el ámbito laboral hacia trabajadores con VIH, prohibiendo que los empleadores soliciten pruebas serológicas como requisito para contratación, permanencia o promoción. Además, contempla sanciones económicas de hasta 2,500 UMAs para quienes discriminen, despidan o nieguen ascensos por esta condición.
Contexto de la iniciativa
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación, un tercio de la población considera riesgoso convivir con personas que viven con VIH, y el 41% de las denuncias ante Conapred por discriminación hacia este grupo ocurrieron en el ámbito laboral.
El senador destacó que alrededor del 0.06% de la población mexicana vive con VIH, y que es urgente garantizarles acceso pleno a sus derechos laborales y de seguridad social.
Compromiso con la dignidad humana
“Desde la visión del PAN, esta iniciativa representa un compromiso con la dignidad humana. El trabajo no puede vulnerar los derechos humanos, sino que debe ser un ámbito protector y dignificador de las personas”, afirmó Vargas.
Modificaciones clave a la Ley Federal del Trabajo
Entre las reformas propuestas se incluyen:
- Prohibición de exigir certificados médicos o pruebas de VIH para ingreso, permanencia o promoción.
- Reconocimiento expreso de que discriminar por estado de salud constituye una forma de rechazo prohibido.
- Garantía de acceso y mantenimiento del empleo sin restricciones por condición serológica.
- Capacitaciones para directivos y personal de recursos humanos en la erradicación del estigma.
- Multas de 250 a 2,500 UMAs a empleadores que incurran en actos discriminatorios.
Impacto social y económico
Vargas advirtió que no realizar estas modificaciones permitiría que los actos de discriminación pasen impunes, generando exclusión laboral, pérdida de ingresos, afectaciones en la adherencia al tratamiento médico, mayores costos al sistema de salud pública y daño a la reputación empresarial.
Inclusión y derechos humanos
La propuesta también exige que los empleadores adopten medidas proactivas para prevenir y corregir cualquier afectación a los derechos humanos, asegurando que el VIH/SIDA no sea motivo de exclusión, despido o bloqueo en la promoción laboral.
Se estima que en México viven alrededor de 7,800 adultos mayores con VIH, muchos de ellos sin acceso a seguridad social para continuar con su tratamiento.