- El Senador panista presentó una iniciativa contra la intromisión del crimen organizado en las elecciones
Toluca, Estado de México.- En el marco de la discusión del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, el senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, presentó una iniciativa de ley para reformar las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo de prevenir y combatir el financiamiento ilícito en procesos electorales.
El legislador advirtió que ninguna reforma electoral estará completa si no se atiende de manera prioritaria la intromisión del crimen organizado en las elecciones, fenómeno que representa uno de los desafíos más graves para la democracia mexicana.
📑 Propuesta de reformas
La iniciativa de Enrique Vargas contempla:
- Aumentar las penas para quienes financien, aporten, reciban o usen recursos ilícitos en campañas.
- Fortalecer la coordinación entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Implementar mecanismos de verificación reforzada sobre el origen de los recursos.
- Otorgar facultades a la Unidad Técnica de Fiscalización para solicitar información bancaria y fiscal cuando existan indicios de financiamiento ilegal.
- Prohibir que los partidos reciban aportaciones cuya procedencia no pueda ser plenamente identificada.
- Establecer sanciones administrativas y hasta la cancelación de candidaturas vinculadas con recursos ilícitos.
🚨 Incremento de sanciones
La propuesta también plantea reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que las penas se incrementen hasta en una mitad más cuando el financiamiento provenga de organizaciones criminales, incluyendo la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 20 años.
🔎 Legitimidad democrática
Vargas del Villar subrayó que entre 2024 y 2026 se han registrado situaciones que vinculan al crimen organizado con la vida pública, por lo que es urgente cerrar el paso a intereses ilícitos en las elecciones y garantizar la legitimidad de las instituciones democráticas.