La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que ninguna autoridad puede revisar tu teléfono móvil sin una orden judicial, incluso si estás detenido o si el dispositivo fue asegurado como parte de una investigación. Esta decisión histórica fortalece el derecho constitucional a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
¿Qué implica esta resolución?
De acuerdo con la Primera Sala de la SCJN, toda información obtenida de un celular sin autorización judicial es considerada prueba ilícita y no puede ser utilizada en procesos penales, aunque la carpeta de investigación ya haya sido judicializada.
“El acceso sin autorización judicial a un dispositivo móvil constituye una violación directa a la Constitución”, señala la tesis jurisprudencial 1a./J. 115/2012 (10a.).
La Corte subrayó que un teléfono celular es una extensión íntima de la vida humana, ya que almacena conversaciones, imágenes, correos y datos personales que reflejan la esfera más privada de cada individuo.
⚖️ Precedente en derechos digitales
Con esta resolución, la SCJN establece un precedente fundamental en materia de derechos digitales: ni la policía, ni el Ministerio Público, ni ninguna otra autoridad pueden revisar el contenido de un celular sin autorización de un juez.
Esto significa que mensajes, llamadas, correos electrónicos, fotografías o videos obtenidos sin orden judicial carecen de valor jurídico y no pueden usarse como prueba en contra de una persona.
“La privacidad digital no es un lujo: es un límite constitucional al poder”, destaca la resolución.
📚 Fundamento jurídico
La jurisprudencia 1a./J. 115/2012 (10a.), titulada “Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas”, establece que este derecho protege todas las formas de comunicación, incluidas aquellas derivadas de la evolución tecnológica. Por tanto, los datos almacenados en un teléfono móvil están amparados, incluso si el propietario está detenido o sujeto a investigación.
Basado en los artículos 1° y 16 de la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cualquier revisión de datos sin orden judicial viola el derecho de legalidad y de privacidad.
🚫 Consecuencias legales: pruebas ilícitas y nulidad procesal
La SCJN advierte que cualquier dato de prueba extraído sin autorización judicial, o derivado de esa extracción, es ilícito y no puede ser tomado en cuenta en perjuicio del acusado.
Esta medida busca frenar los abusos en la vigilancia digital y fortalecer el control judicial sobre los actos de investigación, garantizando que el Estado no intervenga en la vida privada sin límites legales.
🕵️ Obligaciones del Ministerio Público
El Ministerio Público (MP) debe conducir las investigaciones penales respetando los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Entre sus principales obligaciones están:
- Solicitar autorización judicial para realizar actos de investigación
- Garantizar la legalidad y preservación de evidencias
- Actuar con objetividad, eficiencia y profesionalismo
Si el MP accede a la información de un celular sin orden judicial, incurre en una violación constitucional y en una falta grave a sus deberes legales.
Con información de: La Silla Rota