En 2026 el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) cumplirá 40 años. Su propósito original fue establecer un sistema que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil coordinarse de manera eficiente y rápida en caso de un desastre. Desde su origen, este conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y servicios, establecidos de manera coordinada entre las entidades del sector público, privado y social tuvo una vocación de carácter reactivo, es decir de coordinarse para responder ante las calamidades que impactaron constantemente a la sociedad de aquella época.
El componente preventivo del manejo de los desastres se incorporó a las leyes y normas a partir de la Ley General de Protección Civil, publicada por primera vez en el año 2000 y luego se fortaleció en su actualización en 2012, aún vigente. Desde entonces se ha ido construyendo un andamiaje legal-administrativo para la atención de las emergencias y desastres en el territorio nacional.
El principal instrumento de operación y planeación que innovó el nuevo marco legal fue el Programa de Protección Civil, cuyo modelo y estructura es aplicable a nivel nacional, estatal, municipal y organizacional. Su implementación es obligatoria y de aplicación irrestricta en todos los inmuebles. Entre sus componentes básicos están la identificación, previsión y análisis de riesgos, los cuales son el insumo fundamental para evitar riesgos específicos, como son las concentraciones masivas de personas; las inundaciones, el manejo de la pirotecnia, el almacenamiento, manejo y transporte de sustancias peligrosas.
La especialización que se ha logrado, a casi cuarenta años de distancia, es tal que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) certifican cada año a cientos de servidores públicos como especialistas en el diseño de estos programas y, desde hace más de 20 años, el paradigma de las tres fases de atención de las emergencias y desastres (Antes, Durante y Después) se institucionalizó, reguló y organizó para su aplicación en todo el territorio nacional.
En materia de desastres, México ha suscrito los Acuerdos del Marco de Hyogo (2005) y Sendai (2015), auspiciados por la ONU, y se ha comprometido al desarrollo de una metodología denominada Gestión Integral de Riesgos de Desastre (GIRD), la cual consiste en 8 etapas de atención de los eventos adversos que ponen en riesgo a la población, sus bienes y el entorno: 1. Identificación; 2. Previsión; 3. Prevención; 4. Mitigación; 5. Preparación; 6. Auxilio; 7. Recuperación; 8. Reconstrucción.
La GIRD se ha desarrollado y fortalecido administrativa e institucionalmente, pero en los hechos, en las calles de los poblados pobres y marginados –que son muchos– la realidad es otra y sus resultados son magros y casi nulos en cuanto a las fases preventivas. En materia de recuperación y reconstrucción la sombra de la corrupción, la incapacidad técnica y la burocratización de procesos permea todos los proyectos, como el del Programa de Reconstrucción de Inmuebles de la CDMX, después del sismo de 2017.
Se destaca únicamente, de manera heroica, la fase de auxilio en la que México se ha vuelto especialista y goza de considerable fama mundial –los topos, la perrita Frida– por el desempeño de instituciones insignes en la atención a emergencias, como lo son SEDENA, MARINA y la Cruz Roja Mexicana.
La planeación territorial, el respeto a las áreas naturales protegidas; la legalidad de los usos de suelo y límites de restricción de asentamientos de población en zonas de riesgo; la regularización y limitación de la proliferación de estaciones de despacho de Gasolina y Estaciones de carburación en zonas habitacionales; el control, saneamiento y mantenimiento de presas, lagunas y ríos son asuntos pendientes que el SINAPROC debe atender con urgencia, presupuesto, trabajo transversal y multidisciplinario.
Difundir con mayor alcance los procesos de transferencia del riesgo a través de instrumentos financieros transparentes y menos burocráticos; elevar las medidas restrictivas a la industria extractivista y de producción de comida chatarra, azucarada y ultraprocesados; fomentar el aseguramiento de la infraestructura pública y privada ante desastres e implementar los temas de protección civil y conciencia ecológica en planes de estudio de nivel básico son acciones que el SINAPROC debería impulsar antes de celebrar su próximo cuarenta aniversario. ¡Feliz fin de semana!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre