- Escrito por: Informativo Mexiquense
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- 55 de 125 municipios implementan el documento.
- Ayudaría a salvaguardar a la ciudadanía en caso de riesgo.
De acuerdo con con la Legislatura mexiquense, cada municipio debe contar con un Atlas de Riesgo, a fin de salvaguardar la vida de los habitantes y saber qué hacer en caso de una emergencia y ubicar las zonas altas de riesgo.
¿El Estado de México cuenta con este requisito?
En la entidad, 36 de las 125 alcaldías no cuentan con el Atlas de Riesgo, 34 ayuntamientos están en proceso de corregir el documento y en 55 está en funcionamiento
Los municipios que no cuentan con éste son: Acambay, Aculco, Almoloya de Juárez, Amatepec, Axapusco, Ayapango, Calimaya, Chapultepec, Chiautla, Chinconcuac, Cuautitlán, Donato Guerra, Ecatzingo, Ixtapaluca, Jilotzingo, Jocotitlán y Juchitepec.
Además de La Paz, Mexicaltzingo, Morelos, Nextlalpan, Ocuilan, Otumba, Polotitlán, San Antonio la Isla, San Martín de las Pirámides, Santo Tomás de los Plátanos, Tecámac, Tejupilco, Temascalapa, Temascalcingo, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Timilpan, Villa de Allende y Zumpango.
Alcaldías que cuentan con el Atlas de Riesgo
Según la declaración del diputado Valentín Martínez Castillo, los 55 municipios que tienen en funcionamiento el Atlas de Riesgo son:
Acolman, Almoloya de Alquisiras, Almoloya del Río, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chapa de Mota, Chicoloapan, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Hueypoxtla, Huixquilucan, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco y Joquicingo.
Así como Lerma, Luvianos, Melchor Ocampo, Metepec, Nezahualcóyotl, Otzoloapan, Otzolotepec, Papalotla, Rayón, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Sultepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tianguistenco, Tlalmanalco, Tlalnepantla.
Y finalmente, Toluca, Tonanitla, Tonatico, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Zacazonapan, Zinacantepec y Zumpahuacán.
¿Qué pasa con los ayuntamientos que no están en regla?
En la Legislatura se analiza una estrategia para que los ayuntamientos lo implementen, además de que se contempla una sanción, así lo informó el también presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
“Los Atlas de Riesgo es la manera de preservar la vida de los habitantes para que sepan qué hacer o que no hacer y donde están las zonas de alto riesgo”, acotó el diputado morenista.
¿Por qué y cuándo surgió?
Desde hace 25 años, México implementa este documento, cuando lo hizo oficial en el 2000; sin embargo, fue hasta 2004-2006 que expertos en materia geográfica realizaron guías para identificar un geolocalizador y sistemas de referencia espacial.
“Un Atlas, ya por Ley, debe tener un sistema de información geográfica que ya necesita de ciertos conocimientos técnicos para saber lo que es un geolocalizador, sistemas de referencia espacial”, ahondó Hugo Antonio Espinoza Ramírez, director de la carrera de Paramédico y Protección Civil de Emergencias de la Universidad Tecnológica del valle de Toluca.
Destacó que también hay que conocer los mapas de peligro para identificar inundaciones, así como mapas de susceptibilidad, que están relacionados con lo económico, político y social.
Por ejemplo, dijo, Chalco y San Mateo Atenco se encuentran en un mapa de susceptibilidad que combina el peligro con la pobreza, es decir, hay edificaciones sin la infraestructura adecuada además de que hay una mancha urbana en las orillas del río Lerma.
¿Por qué es importante que se cuente el documento?
Admitió que es importante que los ayuntamientos implementen el Atlas de Riesgo; sin embargo, dijo, deben contar con el personal especializado que sepa interpretar y atender las contingencias, como fenómenos naturales, pero además contar con las herramientas tecnológicas necesarias.
Es decir, que se debe contar con un geógrafo que tenga conocimientos en planeación urbana, además de coordinarse con los organismos de agua y medio ambiente, como la Comisión del Agua del Estado de México, Probosque y Conafor.
¿Qué sanción aplicarías para los ayuntamientos que no implementan el Atlas de Riesgo?
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- Se busca impulsar a maestros y maestras artesanas.
- ‘Gualupita’ ya es un símbolo de tradición.
Si has consumido productos de lana, siéntete orgulloso porque en el Estado de México ya son consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial, pues este viernes la 62 Legislatura aprobó la declaración en varios artículos de este material.
Prendas como el sarape, guantes, gorros, entre otros, son productos que dan identidad a la comunidad de Guadalupe Yancuictlalpan, mejor conocida como “Gualupita”, en el municipio de Santiago Tianguistenco,
Sin embargo, de acuerdo con la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, pocas familias se dedican a la generación de estos productos que han que ya son parte de la cultura y tradición mexiquense.
¿Cuál es el objetivo?
El decreto tiene como propósito fomentar, conservar, promocionar, y salvaguardar la tradición, por lo que será la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, quien garantice su protección y conservación.
Además, el uso de estas prendas representa un símbolo de historia y tradición, pero sobretodo fortalecerá la actividad de las y los maestros artesanos e impulsará la economía local.
¿Y tú ya compraste tu gabán?
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Jorge Olvera Gayosso, mexiquense de 56 años, fue seleccionado como el mejor paramédico voluntario de la Delegación de la Cruz Roja Mexicana, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. “Tuve el honor de representar a mi Delegación en el evento conmemorativo del Día del Paramédico, este 24 de junio de 2025; fue maravilloso recibir esa distinción después de 12 años de formar parte de este movimiento, un movimiento al que llegué un poco tarde, pero agradezco a Dios que me haya dado esta oportunidad”, exclama con gran emoción, al haber concretado un logro más en su vida.
Jorge recuerda que él siempre ha sido alguien a quien le gusta preocuparse por los demás y ganarse la empatía de la gente, “desde muy chico me ha gustado ayudar; yo siempre, cuando voy manejando en la carretera, o donde quiera que ande, soy de los que me bajo siempre a ayudar”. Reconoce que muchas veces, en contra incluso de las recomendaciones de su familia, su convicción lo lleva a meter las manos e involucrarse cuando alguien está en una dificultad.
Paradójicamente, todo comenzó cuando se quedó sin trabajo, pues Jorge Olvera fue uno de los más de 44,000 trabajadores despedidos de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, extinguida por el presidente Felipe Calderón, el 11 de octubre de 2009, mediante un Decreto Presidencial que echó a la calle a miles de trabajadores y sus familias. Llevaba 23 años de servicio en la industria eléctrica y había alcanzado el puesto de Sobrestante, en el Departamento de Conexiones.
Al verse sin trabajo, con poco más de 40 años, comenzó a rodar, literalmente, ya que es muy aficionado a las motocicletas. Al no encontrar trabajo, tras el despido y la frustración, llegó a su vida la oportunidad de dar sentido a esa pasión que siempre le había llenado pero que nunca había podido desarrollar a plenitud. “Un día que andaba por la calle, pasé frente a la Delegación de la Cruz Roja Mexicana, en el municipio de Atizapán, me quedé viendo y, con la curiosidad de un niño, me metí y pregunté por el curso para aprender para ser paramédico y me quedé.
Ya pasaron 12 años de aquel día. Pero al concluir su formación como Técnico en Urgencias Médicas Nivel Básico, se dio cuenta de que pudo levantarse del despido y la humillación social que él y los de su gremio electricista vivieron durante algunos años. Entonces un nuevo brío le empujó a terminar su carrera como abogado que había dejado inconclusa en los años noventa. Consiguió trabajo de Paramédico en la Unidad de Protección Civil de la Alcaldía de Azcapotzalco, se inscribió nuevamente a la universidad y continuó como voluntario en la Cruz Roja.
Casi sin darse cuenta, concluyó la carrera y se recibió de Abogado. Al graduarse, formó un Despacho Jurídico con algunos de sus amigos y cambió los postes, los transformadores y los cables eléctricos por los tribunales, las audiencias y los litigios. “Pero eso sí, no he dejado de ser voluntario y salir a cubrir a bordo de mi ambulancia, con el único objetivo de ayudar”. Incluso durante la pandemia de COVID 19, Jorge no paró de servir como voluntario. “Me enlisté en diversas instituciones para ayudar; trasladamos a muchas personas muy graves, me arriesgué, ví muchos pacientes morir, a muchos compañeros también; fue muy duro, pero aquí sigo. Me hice muchas pruebas, pensando en que me había contagiado y siempre salí negativo”, revela.
Así como ha vivido la parte más triste de las emergencias, le ha tocado en muchas ocasiones ver la vida florecer: “He atendido muchos partos, ayudar a mujeres de bajos recursos en esa situación han sido experiencias que me han cambiado la vida; en una ocasión atendimos a una persona afuera de un hospital, a unas cuadras, en dónde le fue negado el servicio por no ser derechohabiente, ni tener dinero; dio a luz afuera y la volvimos a meter, con su hijo recién nacido, sano y lleno de vida”, exclama con orgullo.
Jorge tiene tres hijos: dos varones ya titulados y una hija que está por concluir su carrera profesional, aunque aún no es abuelo, a él y a su esposa, “quien me ha aguantado todas mis locuras”, reconoce, les enternece pensar en sus posibles nietos y la experiencia de vida que seguramente les van a compartir. Jorge hoy tiene una maestría en Derecho y litiga todos los días, pero su principal pasatiempo es ser voluntario: “Soy Abogado de Profesión y Paramédico por convicción”. ¡Feliz fin de semana!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre
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Es aplicable a funcionarios públicos y notarios.
En Edomex hay más de 600 mil inmuebles abandonados, según Inegi.
La Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad penalizar el despojo de vivienda, por lo que quien cometa este delito podría ir a prisión con una sentencia de 17 a 25 años y seis meses, según los agravantes.
Esto en caso de que el delito sea cometido por un funcionario público de los tres órdenes de gobierno, notario, o personal del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).
Detenciones por este delito Cabe mencionar que en mayo pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) arresto a cuatro funcionarios públicos de Catastro y cinco del IFREM, así como tres notarios presuntamente por estar coludidos con organizaciones autodenominadas “sindicatos”, que se dedican al despojo de viviendas.
Por su parte, el diputado Samuel Hernández Cruz aseveración que modificar el Código Penal del Estado de México garantiza el patrimonio de millones de mexiquenses, ya que, de acuerdo con el Inegi, se estima que hay al menos 600 mil casas deshabitadas, al asecho de supuestas redes delictivas “En nuestro estado, el más poblado del país hay 4.5 millones de viviendas, 3.5 millones de ellas, es decir, el 70% de esas viviendas se encuentran en los 59 municipios de la zona metropolitana del valle de México", señaló.
Asimismo, destacó que la mayoría de las viviendas deshabitadas se encuentran en conjuntos urbanos. Por su parte la diputada Ruth Salinas Reyes, criticó a servidores públicos y notarios que presuntamente están involucrados en actos de corrupción “y como las fiscalías en este estado han promovido, en muchos casos, también estas irregularidades”.
En este sentido, el legislador Miguel Gutiérrez Morales reconoció que la norma fue aprobada tras el caso de doña Carlota “N”, de 74 años de edad, quie. está en el penal de Huitzilzingo, en Chalco, junto con sus hijos Eduardo “N” y Mariana “N”, tras presuntamente haber asesinado a los invasores de casa.
Asi como el caso de doña Lupita, de 102 años, a quien la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le ayudó a recuperar su vivienda en Naucalpan.
Características del delito
La sentencia de 17 a 25 años y seis meses se contempla para quienes inscriban un bien inmueble ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), o se ejecute el traslado de dominio y se utilicen documentos falsos, o bien, cuando exista violencia física o moral.
Además, se contempla en caso de romper las cerraduras, forzadas puertas o ventanas, y se aproveche cuando no esté presente el propietario, o que la víctima sea menor de 18 y mayor de 60 años de edad.
También cuando se intente despojar del inmueble a una mujer embarazada, que él o la propietaria tenga alguna discapacidad, o que pertenezca a un pueblo originario.
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- Se deberá proteger y garantizar el derecho a la transparencia y acceso a la información pública.
- Diputados en contra coinciden en que se debilitará el contrapeso institucional.
El Congreso local aprobó la eliminación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), con el objetivo de reducir el gasto público, evitar duplicidad de funciones y fortalecer el acceso a la información y a la rendición de cuentas, sin acrecentar estructuras burocráticas, como lo establece la carta magna y la legislación general y federal correspondiente.
La iniciativa impulsada por los diputados Gerardo Pliego Santana y Elena García Martínez, así como la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se aprobó por mayoría de votos, por lo que las funciones del Infoem serán transferidas a las áreas existentes en materia de control interno y vigilancia.
“Al extinguir el Infoem no se está coartando de ninguna forma el ejercicio pleno de las y los mexiquenses del derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas; por el contrario, lo que se busca es fortalecer este derecho, pero bajo una visión de eficiencia administrativa y optimización de recursos públicos. Pues al eliminar una estructura burocrática onerosa y centrar esta función en los órganos de control interno de los sujetos obligados, se reducen los gastos operativos, se evita la duplicidad de funciones y esto permitirá una mejor coordinación de las políticas en esta materia, como se argumenta en las iniciativas”, destaca el dictamen.
Quienes estén a cargo deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las leyes estatales en la materia determinarán las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia, para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.
Al apoyar la reforma, el diputado Octavio Martínez Vargas exhortó a quienes integran la legislatura local a participar en la discusión de las reformas secundarias en los plazos estipulados.
Mientras que, María José Pérez Domínguez expresó que la extinción del Infoem representa el reconocimiento de un fracaso institucional muy costoso, y que el reto es construir un modelo que priorice resultados sobre eventos, acceso sobre burocracia y transparencia real sobre simulación institucional.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por las diputadas Rocío Alexia Dávila Sánchez y Ruth Salinas Reyes, quienes coincidieron en que la desaparición del instituto tendrá como efecto directo debilitar el contrapeso institucional, suprimir un canal de rendición de cuentas y dejar a la ciudadanía sin una herramienta trascendental y efectiva para ejercer su derecho de acceso a la información y protección de sus datos.