- Escrito por: Informativo Mexiquense
- Categoría: EDOMEX
- La acompañan tras las rejas su hija y una ex policía municipal de la demarcación barbacollera.
- En mayo de 2025, la ex presidenta municipal agredió a una psicóloga del DIF local: investigaciones
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Selene Hernández Herrera, presidenta municipal con licencia de Capulhuac, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de abuso de autoridad en agravio de una ex servidora pública del Ayuntamiento.
La Autoridad Judicial dictó una pena de 5 años y 5 meses de prisión para la exalcaldesa, así como la destitución definitiva de su cargo, luego de un proceso legal en el que se demostraron las agresiones físicas y el uso de la fuerza pública en contra de la víctima.
¿Cómo ocurrieron las agresiones en el DIF municipal de Capulhuac?
Los hechos que derivaron en esta condena penal ocurrieron el 2 de mayo de 2025. La víctima, quien se desempeñaba como psicóloga en la Unidad de Apoyo Psicológico de una estancia infantil del sistema municipal DIF, se encontraba en su lugar de trabajo en el Barrio de San Miguelito cuando fue convocada por la entonces alcaldesa a una supuesta reunión de trabajo.
Al acudir a la cita con el personal del DIF, la presidenta municipal Selene Hernández Herrera y su hija, Andrea Shantty Anzástiga Hernández, comenzaron a agredir físicamente a la psicóloga frente a sus propios compañeros de trabajo. De acuerdo con las declaraciones de la víctima, la exfuncionaria le reclamó por presuntos motivos personales relacionados con su esposo.
Durante el altercado, la alcaldesa golpeó a la trabajadora en el rostro y la arrastró por las escaleras, mientras que Ana Lucía Ríos Cano, quien operaba como policía municipal en ese momento, sujetó de las manos a la víctima para impedir que pudiera defenderse de los ataques.
¿Quiénes son las otras personas sentenciadas por la Fiscalía del Edomex?
La investigación realizada por la Fiscalía mexiquense permitió la identificación y detención de tres mujeres involucradas en la agresión, quienes fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.
Tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Juez determinó las siguientes penalizaciones individuales, sin derecho a penas sustitutivas de prisión:
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Selene Hernández Herrera (Exalcaldesa): 5 años y 5 meses de cárcel, destitución del cargo de Presidenta Municipal y una multa económica de 12 mil 445 pesos por el delito de abuso de autoridad.
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Ana Lucía Ríos Cano (Exclicía municipal): 3 años y 2 meses de prisión, destitución de su cargo en la corporación de seguridad y una multa de 10 mil 182 pesos por el delito de abuso de autoridad.
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Andrea Shantty Anzástiga Hernández (Hija de la alcaldesa): 2 años de prisión y el pago de una multa por 11 mil 314 pesos, penalizada bajo el delito de lesiones.
¿Qué sigue en el proceso legal de las implicadas?
Con la resolución del Juez de Control, queda en firme que ninguna de las tres sentenciadas podrá compurgar su pena en libertad o mediante esquemas de fianza, por lo que deberán cumplir la totalidad de sus años tras las rejas dentro del penal mexiquense.
Asimismo, las autoridades del Estado de México informaron que este viernes 22 de mayo se llevará a cabo la audiencia formal de explicación de sentencia, donde se detallarán los pormenores jurídicos de las condenas aplicadas a cada una de las responsables de este ataque.
- Escrito por: Informativo Mexiquense
- Categoría: EDOMEX
Por: Manuel Luna
Uno de los aspectos más complejos y menos visibilizados durante la implementación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas (Faispiam) en su ejercicio 2025 fueron los señalamientos en contra de los denominados Servidores de la Nación. Ya que, en diversas comunidades originarias, se denunció que estos operadores gubernamentales asumieron funciones de control político, conducción de asambleas y toma de decisiones que correspondían de manera exclusiva a los integrantes de las Comunidades Originarias. Y es que, si bien el diseño original de esta política pública se presentó formalmente como una estrategia para consolidar la autonomía y la libre determinación de los Pueblos Indígenas, la práctica en el territorio evidenció contradicciones estructurales, donde las deliberaciones comunitarias fueron delimitadas y dirigidas por el personal de la estructura federal.
La principal inconformidad radicó en la intervención operativa de los funcionarios durante las asambleas, pues, de acuerdo con los testimonios recabados en múltiples regiones, los Servidores de la Nación se encargaron de emitir las convocatorias, coordinar los debates, validar los acuerdos finales y lo verdaderamente grave: orientar las votaciones hacia proyectos específicos. Este dinamismo limitó la capacidad de discusión libre y la definición de prioridades con base en los usos y costumbres de cada localidad. Ante ello, las comunidades manifestaron que las reuniones se percibían como procesos preconfigurados y carentes de debate interno, donde, en ciertos casos, los habitantes enfrentaban presiones institucionales para aprobar con celeridad minutas y formatos previamente estructurados por las dependencias federales.
Asimismo, esta dinámica generó fricciones con las autoridades tradicionales de los Pueblos Indígenas, habiendo casos donde los Servidores de la Nación desplazaron las atribuciones de comisariados ejidales, consejos de ancianos y representantes comunales legítimos. Los reportes indican que los empleados federales determinaban la validez de las actas y regulaban el uso de la palabra, lo cual fue interpretado por las Comunidades como una invasión a su autonomía y un desconocimiento de sus estructuras organizativas históricas; esta situación evidenció la contradicción de implementar políticas de descentralización y autogobierno a través de un aparato burocrático centralizado.
A las quejas por la sustitución de liderazgos se sumaron acusaciones de carácter político y clientelar en el manejo de los padrones y de los recursos económicos del Fondo, al señalar que algunos operadores utilizaron el programa para la promoción partidista y el condicionamiento informal de la obra pública. Además, la selección de proyectos como caminos, redes de agua potable y electrificación estuvo influenciada por los criterios de viabilidad que dictaban los propios funcionarios, quienes favorecían aquellas obras con mayor visibilidad política. Esta intervención técnica colocó a las Comunidades en una situación de dependencia absoluta debido a la complejidad de las reglas de operación y los trámites administrativos indispensables para acceder a los recursos presupuestales.
Ante la falta de mecanismos institucionales claros para denunciar las irregularidades, los beneficiarios manifestaron temor a sufrir represalias, tales como la exclusión de futuros programas sociales o el retraso en la entrega del presupuesto para sus comunidades.
Para el periodo 2026, las áreas de oportunidad se centran en limitar la participación de los Servidores de la Nación al acompañamiento técnico, fortalecer las contralorías comunitarias independientes y establecer protocolos rígidos que garanticen el respeto a los tiempos y sistemas normativos de las comunidades indígenas; las Asambleas ya han iniciado a lo largo y ancho del país, de momento, todavía se respira un ambiente de incertidumbre ante la falta de difusión del propio Fondo entre las Comunidades, y ya no digamos en sus lenguas, no hay promoción para la realización de las asambleas y quien no está adentrado en los temas relacionados con los Pueblos Originarios, incluso, desconoce la existencia del Faispiam, en realidad, parece que ocurre que, quien tiene el conocimiento, tiene el poder.
Aunque aclaro que lo anterior no justifica que la ciudadanía y los integrantes de los Pueblos, no tengan la obligación de informarse, la crítica radica en que no todas las personas tienen las mismas herramientas para acceder al conocimiento y a la información, este derecho humano que no termina de cubrir y abrazar a todas las personas, distancia al ciudadano de a pie, de los programas federales que pueden impulsar su desarrollo, y si encima de eso, los funcionarios no respetan los sistemas normativos de la Comunidad, estamos colocados en un sistema que continúa haciendo a un lado a unos, y privilegiando a otros.
A propósito de no hacer a un lado a otros… El debate jurídico y social en torno a la denominada "Ley Vicente", comienza a colocarse en los principales temas de conversación, ya que aborda un tema sensible sobre los procesos de custodia infantil en México, y cuestiona que sean las mujeres, quienes tengan un mayor peso legal, para quedarse con los hijos, tras una ruptura de pareja.
Lo que comenzó como el dolor de un padre en Mexicali cuando su hijo de nombre “Vicente”, de tres años de edad, falleció tras permanecer más de doce horas dentro de un vehículo, luego de que presuntamente su madre, Roxana “N”, lo dejó ahí después de llegar de una fiesta familiar para que siguiera durmiendo en el auto; sin embargo, con el paso del tiempo, a la mujer se le olvidó que el niño seguía en el vehículo. De esa tragedia nació una movilización que hoy cuestiona algo que los tribunales familiares mexicanos rara vez se cuestionan a sí mismos: si sus criterios para otorgar custodias provisionales son técnicos o simplemente tradicionales.
La propuesta plantea evaluaciones psicológicas y toxicológicas previas a cualquier resolución, revisión integral del entorno familiar y custodias sin presunciones automáticas de género, y sus simpatizantes argumentan que los jueces requieren herramientas técnicas adicionales para evaluar riesgos psicológicos y de seguridad integral del menor, y no solamente ceder la custodia ante las inercias de género en el sistema familiar.
Por otro lado, especialistas y juristas advierten sobre riesgos operativos como la sobrecarga en juzgados familiares y el impacto presupuestal de exigir peritajes, psicólogos y trabajadores sociales obligatorios. Asimismo, colectivos feministas señalan el riesgo de instrumentalización para minimizar contextos de violencia de género, mientras que otros expertos cuestionan la constitucionalidad de aplicar pruebas toxicológicas sin indicios previos.
Hasta el momento, la iniciativa es sólo una propuesta ciudadana y de agenda pública en Baja California, pero esta discusión comienza a tener una tendencia nacional que trasciende el caso particular y cuestiona los criterios para determinar custodias provisionales, la existencia de sesgos en los tribunales y los límites de la intervención del Estado en la vida privada para garantizar el interés superior de la infancia.
- Escrito por: SHS
- Categoría: EDOMEX
**Cero secuestros, cinco homicidios y 144 robos de vehículo: así arrancó 2026 en Toluca.
En la conferencia de prensa "La Toluqueña", el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida, informó que los delitos de alto impacto cayeron 40.16% en el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2024, al pasar de 5 mil 144 a 3 mil 78 casos, la cifra más baja registrada en Toluca en los últimos 12 años.
La reducción abarca prácticamente todos los rubros:
- El homicidio doloso bajó 68.75%, al pasar de 16 casos en 2024 a cinco en 2026.
- Los secuestros tuvieron una caída de casi 100%: de dos casos en 2024 a cero en lo que va del año.
- El robo de vehículos disminuyó 75.13%, de 579 a 144 unidades
- La extorsión bajó 74%, de 127 a 33 eventos
- El robo a casa habitación pasó de 185 a 57 casos
- El robo a transeúnte cayó 50.53%, de 754 a 373 eventos
- En tanto, el robo a negocios bajó 49.37%, de 555 a 281 casos.
El robo a transporte público registró una reducción de 40.98%, de 610 a 360 eventos - La violencia familiar bajó 17.82%, de 881 a 724 casos.
Moreno Bastida destacó que el trabajo no termina en la detención ya que en días recientes se dieron a conocer sentencias de entre 20 y 60 años de prisión para integrantes de dos bandas dedicadas al robo a casa habitación y robo de vehículos.
"En Toluca no hay impunidad. Vamos a dar con ellos en todos los eventos de alto impacto", advirtió.
Al margen del informe, el alcalde abordó un hecho delictivo ocurrido el pasado miércoles en la colonia Electricistas donde un padre y su hijo resultaron heridos tras ser atacados a balazos sobre la calle Zinacantepec, entre Tenancingo y Otumba, luego de acudir a una cita para ver un vehículo que pretendían comprar, presuntamente ofertado a través de redes sociales.
El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a desconfiar de vendedores en plataformas digitales y a verificar identidades antes de concretar cualquier transacción.
"Nadie regala dinero, nadie. Siempre que tengan a la vista un producto con descuentos maravillosos, desconfíen", señaló.
Finalmente, informó que ya hay avances en la investigación y que próximamente la Fiscalía y la Policía Municipal darán a conocer los resultados.
Por: Jimena Guzmán
Foto: Jimena Guzmán
- Escrito por: SHS
- Categoría: EDOMEX
**Cero secuestros, cinco homicidios y 144 robos de vehículo: así arrancó 2026 en Toluca.
En la conferencia de prensa "La Toluqueña", el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida, informó que los delitos de alto impacto cayeron 40.16% en el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2024, al pasar de 5 mil 144 a 3 mil 78 casos, la cifra más baja registrada en Toluca en los últimos 12 años.
La reducción abarca prácticamente todos los rubros:
- El homicidio doloso bajó 68.75%, al pasar de 16 casos en 2024 a cinco en 2026.
- Los secuestros tuvieron una caída de casi 100%: de dos casos en 2024 a cero en lo que va del año.
- El robo de vehículos disminuyó 75.13%, de 579 a 144 unidades
- La extorsión bajó 74%, de 127 a 33 eventos
- El robo a casa habitación pasó de 185 a 57 casos
- El robo a transeúnte cayó 50.53%, de 754 a 373 eventos
- En tanto, el robo a negocios bajó 49.37%, de 555 a 281 casos.
El robo a transporte público registró una reducción de 40.98%, de 610 a 360 eventos - La violencia familiar bajó 17.82%, de 881 a 724 casos.
Moreno Bastida destacó que el trabajo no termina en la detención ya que en días recientes se dieron a conocer sentencias de entre 20 y 60 años de prisión para integrantes de dos bandas dedicadas al robo a casa habitación y robo de vehículos.
"En Toluca no hay impunidad. Vamos a dar con ellos en todos los eventos de alto impacto", advirtió.
Al margen del informe, el alcalde abordó un hecho delictivo ocurrido el pasado miércoles en la colonia Electricistas donde un padre y su hijo resultaron heridos tras ser atacados a balazos sobre la calle Zinacantepec, entre Tenancingo y Otumba, luego de acudir a una cita para ver un vehículo que pretendían comprar, presuntamente ofertado a través de redes sociales.
El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a desconfiar de vendedores en plataformas digitales y a verificar identidades antes de concretar cualquier transacción.
"Nadie regala dinero, nadie. Siempre que tengan a la vista un producto con descuentos maravillosos, desconfíen", señaló.
Finalmente, informó que ya hay avances en la investigación y que próximamente la Fiscalía y la Policía Municipal darán a conocer los resultados.
Por: Jimena Guzmán
Foto: Jimena Guzmán
- Escrito por: SHS
- Categoría: EDOMEX
- La Presidenta Municipal, Romina Contreras, reconoció el compromiso de los servicios de rescate.
El Gobierno de Huixquilucan, Estado de México, reconoció la labor de la Unidad de Rescate durante la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, destacando su compromiso y valentía al brindar cerca de 40 mil servicios entre 2022 y 2025.
La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, subrayó que la población atendida en emergencias aumentó de 3,900 a 5,900 personas por año, reflejando un crecimiento del 51% en la capacidad de atención y cobertura operativa.
Modernización y fortalecimiento
Este incremento se logró gracias al fortalecimiento de la Unidad de Rescate, que incluye:
- Equipo médico especializado.
- Insumos prehospitalarios.
- Herramientas de atención modernas.
- Equipo operativo y de protección personal actualizado.
Actualmente, la Unidad cuenta con siete ambulancias, de las cuales tres son de última generación, equipadas para brindar atención prehospitalaria con mayores estándares de eficiencia y seguridad.
Campaña “Disfruta el Mundial con Responsabilidad”
En la misma sesión, la alcaldesa presentó la campaña “Disfruta el Mundial con Responsabilidad”, orientada a mantener el orden público durante las celebraciones del Mundial de Futbol 2026.
La iniciativa busca prevenir alteraciones al orden, faltas administrativas y delitos asociados al consumo excesivo de alcohol. Participan diversas áreas municipales como Seguridad Pública y Vialidad, Protección Civil, Bomberos y la Unidad de Rescate, además de la Coparmex Metropolitano del Estado de México.
Reconocimiento financiero
El presidente de Coparmex Metropolitano, Alfonso Ramos Cardona, reconoció al Gobierno de Huixquilucan por elevar su calificación crediticia durante 11 años consecutivos, fortaleciendo la confianza para la inversión y la certidumbre empresarial.
En resumen:
¿Cuántos servicios ha brindado la Unidad de Rescate?
Cerca de 40 mil servicios entre 2022 y 2025.
¿Qué crecimiento tuvo la atención de emergencias?
Un aumento del 51% en cobertura operativa.
¿Con cuántas ambulancias cuenta la Unidad de Rescate?
Con siete ambulancias, tres de ellas de última generación.
¿Qué campaña presentó el gobierno municipal?
La campaña “Disfruta el Mundial con Responsabilidad”, para mantener el orden público durante el Mundial 2026.
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